¨Esperamos brindarles un mejor servicio para darle al usuario seguridad jurídica y vamos a atenderlos con respeto y cortesía¨, dijo la Registradora Pública de Masaya, doctora Gloria Ruiz Bolaños.

Ante tal situación el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Rosales Argüello, coordinador de la Circunscripción Oriental, solicitó a los magistrados del Tribunal de Apelaciones y a las autoridades del Registro Público Inmueble y Mercantil de Masaya, reunirse con los abogados para explicarles los procedimientos registrarles y el por qué de las retenciones.

Las inquietudes, señalamientos y solicitudes de los abogados se resumen en: mayor número de audiencias concedidas por día de parte de la Registradora; mejor atención a los usuarios; calificación registral en un solo acto; aceptación de las escrituras pública con números de cédulas escritos en cifras y no número por número; y que se procese las cancelaciones oficiosas.

La doctora Ruiz Bolaños manifestó en la reunión que es necesario un apoyo mutuo y comprensión, porque lamentablemente los procedimientos registrales se encuentran ligados a otras leyes, como la Ley 152 ¨Ley de Identificación Ciudadana¨, la Ley N° 509 “Ley General de Catastro Nacional¨, entre otras, que tienen que ser respetadas.
 
¨Les pido apoyo. Todos los que estamos aquí somos personas y ciudadanos que tenemos derecho y obligaciones. Les pido comprensión ante las dificultades y les reitero que es un mandato de las autoridades del Poder Judicial atender todos los días al público¨, expresó la doctora Ruiz Bolaños.

Doctora Gloria Ruiz Bolaños, Registradora Pública del Registro Público Inmueble y Mercantil de Masaya

¨La Ley 698 es muy específica y establece procedimientos claros. Si les dejamos pasar una escritura con errores, le hacemos un daño al usuario. Por ejemplo, los números de cedula son trece según el artículo 31 de la Ley 152 y cuando se equivocan tenemos que pedir subsanación¨, explicó la registradora.

Con relación a las cancelaciones oficiosas, la funcionaria indicó que según la ley ésta se da después de 10 años en los cuales tienen que cumplirse tres circunstancias previamente establecidas, dijo la registradora, agregando que con relación a las cancelaciones de bancos extintos, a fuerza la Ley 698 manda a oír a la Procuraduría. ¨Les recuerdo que el silencia administrativo nunca opera en contra del Estado¨, finalizó.