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LEY ORGANICA DEL PRODER JUDICIAL.- ver Ley Organica.

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1998 se creó una nueva institución: LA DEFENSORÍA PÚBLICA.

Concebida como un instrumento que coadyuva al establecimiento del Estado de Derecho, la democratización del país, la igualdad de las personas ante la ley, el debido proceso y el derecho a la defensa, proporcionando abogados a aquellos ciudadanos que carecen de medios económicos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial ordena la asistencia de la defensoría pública en materia Penal, Civil, Laboral, Agraria, Mercantil y de Familia, sin embargo por razones de orden presupuestario, la Corte Suprema de Justicia priorizó el área penal considerando la reforma del Código Procesal Penal anteriormente.

LOGROS RELEVANTES EN LA DEFENSORIA.-

-Ejercicio de un nuevo estilo de defensa técnica, garantista y apegada a derecho, y sobre todo con perspectiva constitucional.

-Amplia aceptación de los sectores destinatarios del servicio y su efecto en el acceso a la justicia de amplios sectores de la población

- Especialización en la prestación del servicio de defensa penal y uso óptimo de los recursos humanos. (Se crearon 3 Unidades: Unidad Penal de Adultos, Unidad Penal de Adolescentes y Unidad de Ejecución de Penas).

- Implementación de un modelo de organización propio y el diseño de instrumentos normativos y sistemas de procedimiento en el desempeño de las funciones de los defensores públicos, así como un sistema informático del número y estado de todas las causas que han ingresado en nuestra institución, desde sus orígenes hasta la fecha, lo que permite una mayor transparencia y confianza en el Poder Judicial.

- Actualmente se cuenta con 42 defensores, no obstante, a la fecha hemos logrado el apoyo de la Unión Europea para 100 nuevos defensores públicos para los próximos tres años.

- Desarrollo de un Proyecto piloto de asistencia gratuita para los sectores sociales de escasos recursos económicos, a fin de prestar ayuda jurídica gratuita en un departamento del país (Masaya), ejecutado por la Defensoría Pública y un bufete popular, el cual se inició en Julio del 2003, y a la fecha se ha prestado 1,086 servicios en materia de Familia, Penal, Civil, Laboral, Propiedad reformada y Contencioso Administrativo, que significa un 83% de cumplimiento en relación a la meta para el primer año. Este proyecto se pretende extender a otros departamentos del país con altos índices de pobreza.

Uno de los principales obstáculos que hemos enfrentado como Corte Suprema de Justicia tanto para la aplicación del Código Procesal Penal como la aplicación de nuestra Ley Orgánica en lo referido a los defensores públicos, es la insuficiente asignación presupuestaria por lo que hemos tenido que recurrir a la cooperación internacional para buscar alternativas y soluciones.

 
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