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“Los Estados deben garantizar la asistencia y justicia para las mujeres migrantes”

martes 25 de febrero de 2020


Escrito por Secretaría de Género

* Exhorta presidenta de CSJ, Dra. Alba Luz Ramos Vanegas al participar en foro internacional sobre protección de los derechos de las mujeres.

La presidenta de la CSJ, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, introdujo el tema de “Mujeres y Movilidad Humana”, uno de los ejes desarrollados como parte del “Laboratorio sobre mecanismos de protección de los derechos de las mujeres en las Américas”, impulsado por la Suprema Corte de Justicia de México, en el marco de las actividades de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

La presidenta de la CSJ, Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, introdujo el tema de “Mujeres y Movilidad Humana”, uno de los ejes desarrollados como parte del “Laboratorio sobre mecanismos de protección de los derechos de las mujeres en las Américas”.

En su ponencia analizó el fenómeno de las mujeres migrantes en la región, quienes enfrentan una serie de obstáculos asociados a su condición de género, que las coloca en una posición de vulnerabilidad. Asimismo hizo referencia a dos sentencias del Poder Judicial de Nicaragua que evidencian el respeto a los derechos humanos y la incorporación de la perspectiva de género en temas migratorios.

La doctora Ramos señaló  “Las mujeres y niñas son vulnerables a sufrir violencia durante el proceso migratorio, fundamentalmente por la conjugación de una serie de factores de riesgo, entre los que destacan, la migración ilícita, la actividad del crimen organizado en la ruta migratoria y las limitaciones en las respuestas institucionales para brindarles protección”
Expresó que uno de los problemas asociados con la migración irregular transfronteriza, es la trata de personas: “Entre los años 2016 y 2018, se registraron 30 casos; 22 casos fueron judicializados, resultando 20 personas culpables y 2 no culpables; se rescató a 73 víctimas (13 hombres y 60 mujeres, de ellos 10 infantes, 28 adolescentes y 35 adultos).”

La presidenta de la CSJ expuso las principales medidas adoptadas por el  Estado de Nicaragua para  la  prevención y el combate de este delito tanto a nivel Regional como Nacional.

“En el año 2015 se promulgó la Ley 896 “Ley contra la Trata de Personas”; la cual está armonizada con la legislación de los países de Centroamérica y El Caribe. Así mismo, implementamos la estrategia nacional para atención y acompañamiento a las víctimas de trata; aplicamos el protocolo para la repatriación de la víctima, y ejecutamos el plan estratégico de prevención, atención, investigación, persecución y sanción de la trata de personas”, destacó la doctora Ramos.

En su ponencia,  la presidenta de la CSJ enfatizó  los esfuerzos impulsados por el Poder Judicial para promover la  transversalización del enfoque de género en la actuación judicial. “A este Poder del Estado a través de los juzgados especializados en violencia y familia, le corresponde resolver los delitos de trata de persona, tráfico ilegal de migrantes, de sustracción de menores y en general de violencia de género, en los cuales los judiciales aplican la Ley 779, la Ley de trata de personas y  las Convenciones Internacionales de los Derechos Humanos”, señaló.

Al concluir su intervención destacó que uno de los retos que deben ser objeto de atención de los Estados es “contribuir a superar los obstáculos que representan las condiciones de vida de las y los migrantes, en especial la protección de los derechos humanos, garantizar la asistencia y justicia para las mujeres migrantes, cuyas condiciones de movilidad son inseguras y muchas veces, enfrentando violencia física, psicológica y sexual.”
 

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