La Lic. Claudia Vargas Rodríguez, defensora pública de Waspam, defendió a las seis personas acusadas de usurpar territorio indígena.

Los condenados son Ángel Adán Sevilla Cantillano, Vicente Lira Jarquín, Agustín Sevilla Cantillano, Ángel Ariel González Solórzano, Agustín Sequeira García e Isabel Duarte González, a quienes el Ministerio Público demostró la usurpación de 90 manzanas de tierras, aprovechándola para el uso y disfrute personal.

El usurpar tierras indígenas que son inalienables e inembargables, vulnerando el patrimonio de las comunidades de la Costa Caribe y el territorio destinado a la conservación, es un hecho que se considera grave. En  la audiencia preliminar se comprobó que los acusados no son nativos de la comunidad indígena y son originarios  de los municipios de Rosita, Mulukukú, ElAyote y La Cruz de Río Grande.

La fiscal auxiliar Dina Téllez López, presentó la acusación contra las seis personas señaladas de apropiarse ilegalmente de tierras protegidas.

El 23 de Mayo del 2005, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti) otorgó título de pleno dominio sobre la propiedad comunal del territorio indígena Li Lamni Tasbaika Kum, específicamente en el sector del Alto coco y reserva natural Bosawás.

El 14 de febrero,  los acusados ingresaron a 60 kilómetros del costado sur de la comunidad de San Esquipulas río arriba, ocupando las 90 manzanas de tierras comunales que están ubicadas en una zona de conservación, construyendo viviendas de madera y techo de palma. La acusada Isabel Duarte González y una adolescente permanecían cuidando las viviendas y preparando alimentos a los otros imputados, quienes depredaron alrededor de treinta manzanas de tierras.

La Dra.  Eloyda Martínez Rodríguez, jueza de Waspam, condenó a la pena de tres años de prisión a los acusados de invadir y depredar tierras indígenas.

La  licenciada Claudia Surama Vargas Rodríguez, defensora pública del municipio de Waspam, indicó que sus representados decidieron admitir los hechos de forma libre y espontánea y colaborar con la justicia para evitar ir a un juicio oral y público. Ellos alegaron que llegaban a trabajar de forma temporal en las tierras y que desconocían las leyes indígenas.

Una vez escuchadas las intervenciones, la judicial los declaró culpables, procediendo al debate de pena. El Ministerio Público pidió tres años de prisión y la defensora un año de cárcel y solicitó para la señora Isabel Duarte Gonzales una medida alterna a la prisión, por ser madre soltera.

La doctora Martínez Rodríguez condenó a los acusados considerando el alto interés del Estado de Nicaragua por proteger la Reserva de Bosawás, pulmón de Centroamérica y preservar el futuro de las comunidades indígenas.