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Otro disparate del diario La Prensa

viernes 24 de julio de 2020


Escrito por Redacción Central

Editorial


 

Obcecado en su campaña de descrédito contra el Poder Judicial, el diario La Prensa resucita un muerto y “desentierra” un Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia del 29 de Abril de 2019, que amplía la competencia de los Juzgados de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria y los Juzgados de Adolescentes de Matagalpa y Jinotega, habilitándolos para resolver las apelaciones, recusaciones e inhibitorias provenientes de los Juzgados Locales Penales y Únicos de la circunscripción judicial norte.

A pesar de que en su vocación de transparencia el Poder Judicial hizo público este acuerdo hace un año, reacciona tardíamente acusando a la CSJ de “usurpar” las funciones del Legislativo y “reformar de facto” la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 164 inciso 1 de la Constitución Política establece como la primera atribución de la Corte Suprema “organizar y dirigir la administración de justicia”. Amparada en este artículo constitucional, la Corte ha realizado este tipo de actos administrativos desde siempre; es así que recientemente se eliminaron judicaturas civiles, se ampliaron las penales y el número de juzgados de Familia en la circunscripción Managua.

Estas decisiones jamás han sido cuestionadas, pues sería un completo disparate enviar iniciativas de ley a la Asamblea Nacional por cada acto administrativo de este tipo que la Corte realice en pleno uso de sus atribuciones constitucionales. No ha ocurrido así, por ejemplo, al crear juzgados especializados como los de Violencia y Familia, pues estos sí han sido creado mediante leyes específicas, como la Ley 779 y el Código de Familia.

Al igual que en los actos mencionados, la decisión de ampliar las facultades a estos tribunales --que también son juzgados penales de distrito--, esto está fundamentado en la necesidad de adecuar el funcionamiento de los tribunales a la carga laboral que administran, como claramente se señala en el acuerdo.

Los considerandos del Acuerdo 38 fundamentan estas decisiones en el objetivo de “fortalecer y mejorar los servicios, tomando en cuenta las necesidades de la población y facilitar el acceso a la justicia”.

Asimismo, “fortalecer la función jurisdiccional, permitir la celeridad en los procesos e incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de administración de justicia”.

Es evidente que nada de esto quieren los propietarios del diario La Prensa e incapaces de negar los avances del sistema de justicia, se lanzan desbocados, a contrapelo del sentir de la población beneficiada con estos cambios.

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