Escrito por Marlon José Ocampo Espinoza
* Sin importar la cuantía, como una medida de prevención del delito de lavado de dinero, afirmó el Dr. Julio Arias Roque.
Los abogados y notarios públicos que realizan cualquiera de las cinco actividades incluidas en la normativa de la Corte Suprema de Justicia sobre prevención del delito de lavado de dinero, deben enviar el perfil integral de sus clientes, sin importar la cuantía, a la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), de la Corte Suprema de Justicia.
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| Dr. Julio C. Arias Roque, director de la DGCIP de la CSJ. |
La información fue dada a conocer por el doctor Julio Arias Roque, director de la DGCIP, en el programa radial del Poder Judicial “Una Hora con la Justicia”.
“Cuando los profesionales del Derecho realizan estas actividades: compra y venta de bienes inmobiliarios; administración de dinero, valores u otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales, tienen que elaborar el perfil del cliente”, reiteró el doctor Arias Roque.
El funcionario aclaró que el perfil del cliente contiene “información general de la persona que contrata los servicios profesionales de un abogado, porque el cliente va a pagar cierta cantidad de dinero y de esa manera saber cuál es el origen y procedencia del capital”.
Anunció que “la DGCIP está en la labor de elaborar el registro de beneficiario final (persona que de manera directa e indirecta controlan activos), medida que le cuesta mucho a los países afiliados al GAFI, pero Nicaragua está empeñada en desarrollar este nuevo registro y ya se tiene la infraestructura montada en el Registro Público de la Propiedad y Mercantil, institución que va administrar este nuevo sistema”.
El funcionario informó que el Poder Judicial presentó a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para reformar la Ley General de los Registros Públicos, con el objetivo de poder establecer este nuevo registro de beneficiario final, que funcionará junto a los otros registros”.
El doctor Arias Roque destacó el interés manifestado por abogados y notarios para participar en las capacitaciones presenciales que impulsa la DGCIP en coordinación con el Instituto de Altos Estudio Judiciales, sobre las reformas a las leyes 976 y 977, que son totalmente gratuitas.
Hasta el martes 4 de agosto de 2020, la DGCIP registra la cantidad de 12,054 abogados y notarios públicos registrados como sujetos obligados, en cumplimiento de la ley y la normativa de la Corte Suprema de Justicia.
