“Nosotros tenemos salud en la comunidad, salud en el hogar. De tal manera que cuando estalló la pandemia se había consultado y visitado 4 millones de personas en Nicaragua. Eso hace que la prevención también juegue su papel”, afirmó el magistrado Francisco Rosales Argüello.

De esa manera se expresó el magistrado Rosales Argüello al hacer uso de la palabra en el XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional celebrada en Colombia, que se lleva a cabo los días 24 y 25 del corriente año de manera virtual.

El alto funcionario judicial manifestó que en materia de derechos fundamentales en época de excepción tenemos muy poco que decir, “porque nosotros no hemos declarado ni estado de catástrofe, ni estado de emergencia, ni estado de sitio, ni de calamidad”.

Explicó que en Nicaragua existe la posibilidad de suspensión de los derechos fundamentales en determinados casos y eso lo señala el artículo 185 constitucional, cuando establece la facultad para el presidente de la República.

La Constitución establece que el presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar para la totalidad o parte del territorio nacional y por tiempo determinado y prorrogable aún la suspensión de derechos y garantías, cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe nacional. La Ley de Emergencia regulará sus modalidades.

“Hasta ahora no hemos decretado el estado de emergencia, ni se ha decretado un estado de calamidad. Se ha actuado normalmente y el presidente de la República en sus intervenciones ha dicho de manera clara y meridiana que no se paraliza la actividad económica y todo continúa igual”, afirmó.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia expresó que pareciera contradictorio que en plena pandemia hemos podido incluso crecer y con respecto al primer semestre del 2019, en el 2020 hemos crecido el 17% de nuestras exportaciones, “que han mejorado porque no mantuvimos paralizada la actividad económica”.

No obstante, agregó, se nos criticó por no haber decretado emergencia sanitaria, pero qué es lo que pasa en Nicaragua, se preguntó, “que la salud es un derecho universal, está contemplada de una manera muy particular en primer lugar en la Constitución, en segundo lugar, porque las políticas de salud aquí son diferentes a los otros lugares”.

“Nosotros tenemos salud en la comunidad, salud en el hogar. No esperamos que llegue el paciente a los hospitales. De tal manera que cuando estalló la pandemia se había consultado y visitado 4 millones de personas en Nicaragua. Eso hace que la prevención también juegue su papel”, afirmó.

También explicó que en Nicaragua el sistema de salud vacuna periódicamente contra las enfermedades de carácter epidemiológico. Por tanto, la salud juega un papel permanente, continuo, dentro de las políticas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Para explicar qué pasa con la pandemia en este momento en Nicaragua,el magistrado recordó que la semana pasada Forbes Centroamérica publicó que nosotros tenemos el mejor nivel de recuperación, tenemos menos muertos y mejor recuperación.

Desde el punto de vista de medidas y cierres de fronteras, el magistrado afirmó que aquí no se han tomado esas decisiones.“Aquí las fronteras han estado abiertas, obviamente, como un país soberano se regula el ingreso al país y se ha establecido que debe darse llenando ciertos requisitos, como es pasar la prueba de que no está contagiado con el COVID-19”.

“Esa es la realidad de lo que ha sucedido en Nicaragua. El confinamiento aquí no se decretó nunca porque mantuvimos que la actividad no se paralizaba y se mantienen las medidas sanitarias. La administración pública no ha sacado ninguna ley prohibiendo tal o cual actividad”, finalizó el magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional, doctor Francisco Rosales Argüello.