Una cruzada de divulgación y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia y el fomento de una crianza con dignidad, fortalecería la protección que el Estado ha venido desarrollando mediante la aprobación e implementación de convenios internacionales, dirigidos a la protección de este importante sector de la población nicaragüense.

Este fue el planteamiento de la doctora María José Arauz Henríquez, jueza enlace por Nicaragua ante la Oficina de Derecho Internacional Privado de La Haya (HCCH), mejor conocida como La Red de Jueces de La Haya, institución internacional que vela por la protección de la niñez, en el programa radial “Una Hora con la Justicia”.

La jueza Enlace por Nicaragua ante la Red de Jueces de La Haya, Dra. María José Arauz (izquierda), con los Dres. María Amanda Castellón Tiffer y Roberto Larios Meléndez, directores de Resolución Alterna de Conflictos Comunicación y del Poder Judicial, respectivamente, en el programa radial “Una hora con la justicia”.

La doctora Arauz, jueza Primero de Distrito de Familia de Managua, expuso las bondades de la Convención de los Derechos del Niño y los convenios sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el de Cobro Internacional del Derecho de Alimentos y el de Protección de la Niñez de 1996, explicando que Nicaragua es uno de los primeros países latinoamericanos que aprueba este bloque de protección internacional.

En el programa dirigido por los doctores Roberto Larios Meléndez y María Amanda Castellón Tiffer, directores de Comunicación y de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial, respectivamente, la judicial externó que en materia de familia se puede considerar que Nicaragua ha avanzado “muy bien” al ajustar y modernizar su sistema normativo e incorporar el derecho sustantivo y procesal en el Código de Familia.

El doctor Larios Meléndez preguntó si desde su experiencia como jueza de Familia, considera que falta mucho por enseñar a los padres para que no maltraten a los niños, a lo que jueza respondió que el maltrato puede ser físico, emocional y psicológico y empieza cuando al niño, niña o adolescente se le castiga de manera inadecuada o se le involucra en el conflicto de pareja, lo cual es degradante y violatorio de sus derechos humanos.

El maltrato empieza desde que un padre no asume su responsabilidad de entregar la pensión de alimentos, o cuando con este argumento, una madre impide que su hijo se relacione con el padre. “El niño es doblemente vulnerado por los padres, por eso es importante trabajar en la familia para que se superen conductas que son una reedición de costumbres inadecuadas, hay que reeducar”, insistió la doctora Arauz.

Proceso gratuito

La jueza primero de distrito de Familia de Managua, Dra. María José Arauz, dijo que la familia está fallando en la protección de la niñez y la adolescencia nicaragüense.

Consultada sobre el tipo de juicio que más afecta emocionalmente a los niños, niñas y adolescentes, señaló que con solo el hecho de saber que uno de los padres acudió a los juzgados de Familia, a aquellos se les genera sufrimiento porque lo primero que piensan es que uno de ellos puede ir a la cárcel y eso les crea ansiedad, inestabilidad y lesiona su psiquis.

La doctora Arauz anunció que tras la entrada en vigencia del Convenio de Cobro Internacional de Derecho de Alimentos en abril de este año, ya existen solicitudes de esa naturaleza que la Autoridad Central (Ministerio de la Familia) está tramitando con países como Estados Unidos y la Unión Europea (España, particularmente).

Apuntó que entre las bondades del convenio figura el hecho de que el proceso es gratuito y la comunicación es directa entre Autoridades Centrales de los Estados partes, con lo que se ahorra tiempo en el trámite. Las autoridades colaboran para hacer efectivas las sentencias referidas a alimentos, relación de comunicación y visitas o abusos de autoridad parental, en caso de sustracción o retención ilícita del niño, en otro Estado que no es el de su residencia habitual.

También se aprobó el Convenio de Protección de la Niñez, que establece las competencias de los judiciales y las formas en que esta debe delegarse en aspectos urgentes, frente a la protección de la niñez involucrada en conflictos familiares, respecto a la autoridad parental, incluido cuido y crianza, representación legal y administración de sus bienes.

Indicó que el bloque de tratados internacionales de protección de la niñez y la adolescencia busca la efectividad de los derechos humanos que tienen los niños, consignados en el Artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicho instrumento.

Durante la audición radial, el doctor Larios Meléndez anunció que en lo que queda del 2020 y parte del 2021, el Poder Judicial desarrollará dos campañas de divulgación, una del Protocolo contra el Abuso Sexual y Laboral y a partir de este 15 de octubre, otra sobre la eliminación de la violencia sexual contra la mujer, niñez y adolescencia, a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, efeméride que se conmemora cada 25 de noviembre.

La elaboración del protocolo contra el abuso sexual y laboral en el Poder Judicial es producto de los acuerdos de la Cumbre Judicial Iberoamericana, por iniciativa de su Comisión Permanente de Género Acceso a la Justicia, de la cual es miembro la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas.