La jueza María de los Ángeles Soza homologó los acuerdos adoptados por la pareja representada por la defensora pública Julia Mayra Urroz Gutiérrez (izquierda), y el licenciado Elmer José Ortiz García.

Ese día, la jueza Soza inició la audiencia de vista, pero de repente, “una sensación de impotencia y molestia” la fue embargando, al escuchar que ambos padres fueron cesanteados por el hospital para el que laboraban en las áreas de recursos y humanos y contabilidad.

En la audiencia inicial celebrada el 12 de abril, la judicial llamó la atención a la pareja que se la pasó exhibiendo una actitud de intolerancia, particularmente por parte de la mujer, por lo que les previno de la necesidad de cambiar su conducta por el bienestar de su hija de cinco años.

“Les advertí que debían mejorar su forma de relacionarse, porque de continuar con actitudes inmaduras iban a perjudicar a la niña, además les hice ver que tenían que cuidar su trabajo, porque son pocos los empleadores que permiten que una pareja labore en el mismo lugar”, recordó la judicial.

El abogado Elmer José Ortiz García, representante de la progenitora de la niña, dijo que nunca había tenido una experiencia como la que le tocó vivir con la usuaria de esta historia.

La doctora Soza ordenó la medida cautelar de pensión de alimentos provisionales del 25 por ciento para el padre, para que se ejecutara a partir del 30 de abril vía nómina laboral.

En ese momento, el hombre externó su temor de que al ser informado de dicha medida, el centro hospitalario lo despidiera, lo que en efecto ocurrió días después. No obstante, el empleador fue más allá y tomó la misma decisión con la madre.

Paradoja
“Me molesta y me da una sensación de impotencia, en vista de la intolerancia de padre y madre… les dije que como personas adultas y responsables deberían cambiar su actitud… esta autoridad les hizo ver (que se comportaran) porque laboraban en el mismo lugar, ahora están desempleados”, consigna la resolución judicial que paradójicamente recoge los acuerdos que la pareja alcanzó sin mayores problemas respecto al futuro de la niña.

Dado el cambio de la realidad salarial del progenitor, la judicial tasó la pensión de alimentos para la niña en casi mil córdobas menos de lo que hubiera recibido si su padre conservara el cargo que tenía y al que recientemente había sido promovido.