El estudio reveló el cumplimiento de las reglas mínimas de seguridad jurídica, la Constitución Política y las leyes nacionales, en las decisiones y sentencias por incumplimiento de deberes alimentarios emitidas por el Poder Judicial.

El objetivo del estudio fue identificar si las resoluciones judiciales dictadas por los jueces penales que conocen de los delitos de violencia en primera instancia, garantizan la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, el respeto a los Derechos Humanos y las garantías procesales de las víctimas, especialmente de niños, niñas y adolescentes. 

Un informe de la Dirección de Estadísticas de la CSJ, revela que en el período de 2019 al 2020, ingresaron 20,049 acusaciones por el delito de incumplimiento de los deberes alimentarios, las cuales resultaron en un total de 10.560 sentencias dictadas por las juezas y jueces.

La muestra del estudio correspondió a 265 sentencias escogidas de forma aleatoria y cuyos resultados evidenciaron que en la gran mayoría (el 81.1 %) las juezas y jueces cumplieron con las normas mínimas de seguridad jurídica, la Constitución Política y las leyes nacionales. Las circunscripciones judiciales de Managua y Oriental, presentaron dos sentencias cada una que alcanzaron el promedio máximo de 100 por ciento.

Durante la presentación del estudio, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia doctora Alba Luz Ramos Vanegas, afirmó que las resoluciones judiciales dictadas en primera instancia con respecto a este delito, “garantizan el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de las garantías procesales de las víctimas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, conforme al ordenamiento jurídico interno y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua”.

“El estudio pone de relieve que se administra justicia cumpliendo  con el principio de efectividad de derechos” manifestó la presidenta de la CSJ Dra. Alba Luz Ramos Vanegas.

Efectividad de derechos
“Hace años era muy difícil encontrar en una sentencia que se citara la Constitución de la República, mucho menos las convenciones internacionales de las que Nicaragua es parte; ahora con las capacitaciones que se han venido haciendo, hemos visto ese cambio en las resoluciones judiciales”, manifestó la presidenta de la CSJ.

La doctora Ramos Vanegas expresó que “el estudio pone de relieve que se administra justicia cumpliendo con el principio de efectividad de derechos; aplicando adecuadamente la legislación penal que asegura la protección y cuidado especial de niños, niñas y adolescentes, y teniendo en cuenta los deberes y derechos de sus padres”.

El estudio cuenta con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cuyo representante adjunto para Nicaragua, señor Eduardo Gallardo, felicitó a la Corte Suprema por el trabajo realizado. “Los niños y niñas tienen derecho a que el Estado, desde diferentes instituciones, asegure el cumplimiento de esta responsabilidad de padres, madres y cuidadores”, manifestó el funcionario.

El representante adjunto de UNICEF, señor Eduardo Gallardo, indicó: “los niños y niñas tienen Derecho a que el Estado desde diferentes instituciones, asegure el cumplimiento de esta responsabilidad de padres, madres y cuidadores”.

“Una de las vías para esto es garantizar el cumplimiento debido y oportuno del deber alimentario y este estudio de sentencias de incumplimiento de deberes alimentarios, busca contribuir precisamente a brindar esa garantía a niños y niñas” indicó Gallardo.

El representante de UNICEF manifestó que para mejorar las capacidades del sistema judicial, se debe capacitar a las y los profesionales que trabajan en el tema: “desarrollar estrategias para fortalecer el rol protector de la familia, reforzar el aseguramiento de la responsabilidad parental y apoyar los esfuerzos nacionales, orientados para garantizar el cumplimiento del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, basado en que todo niño y niña tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo”.

Los resultados del estudio fueron validados con juezas y jueces que dictaron las sentencias, se validó la metodología del estudio, los datos presentados y se confirmó la confiabilidad de los datos, así como las recomendaciones para que las resoluciones garanticen el acceso a la justicia con calidad para las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El diseño y realización del estudio fue efectuado por una comisión técnica integrada por la Dirección de Planificación y Estadísticas del Poder Judicial, el Centro Especializado de Documentación, Investigación e Información Judicial y el Instituto de Altos Estudios Judiciales, en conjunto con el Observatorio  Judicial de Violencia de Género; todo bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de UNICEF.

La actividad estuvo presidida por los magistrados de la CSJ Dres. Alba Luz Ramos Vanegas (presidenta), Marvin Aguilar García (vicepresidente), Yadira Centeno González, Juana Méndez Pérez y Ellen Joy Lewin Downs, miembros de la Comisión de Género del Poder Judicial y el representante adjunto de UNICEF Sr. Eduardo Gallardo.

La muestra del estudio correspondió a 265 sentencias, de un total de 10.560 sentencias dictadas del 2019 al 2020.