La presidenta de la Corte Suprema de Justicia compareció al programa “Estudio TN8” del Canal 8 de televisión.

Al comparecer en el programa matutino “Estudio TN8” de Canal 8 de televisión, la doctora Ramos Vanegas indicó que “gracias a la Política pública de tolerancia cero que implementa el gobierno de Nicaragua, se le ha dado mayor prioridad a la lucha contra el delito de la trata de personas. Esto ha hecho que se mejore todo el sistema de investigación, procesamiento y persecución, pero sobre todo se ha puesto mucho énfasis en la prevención contra ese delito”.

La máxima autoridad del Poder Judicial explicó que la primera línea estratégica del Plan Nacional contra la Trata de Personas es el fortalecimiento de los mecanismos de sensibilización para la prevención de esa infracción: “consideramos que prevenir es lo mejor; es por eso que sensibilizamos tanto a los servidores públicos como a la población en general; queremos que se involucren y tengan conciencia sobre las consecuencias que este delito tiene en la vida de las personas”.  

La magistrada Ramos Vanegas destacó que a través de foros, charlas y talleres a niñas, niños, adolescentes y demás ciudadanos, “se pretende que tengan conocimiento de cuáles son las señales de alerta cuando existe un caso penal de ese tipo y estén al tanto de donde deben recurrir para denunciarlo”.

“Gracias a la política pública de tolerancia cero que implementa el Gobierno de Nicaragua, se le ha dado mayor prioridad a la lucha contra el delito de la Trata de Personas” destacó la doctora Alba Luz Ramos Vanegas.

Otra de las acciones a realizar “son las capacitaciones con los periodistas y dueños de medios de comunicación, para que divulguen los diferentes programas de prevención; promover la inclusión en la currícula escolar para prevenir la trata de personas, especialmente en la niñez y la adolescencia, incluyendo a las comunidades de la Costa Caribe en sus lenguas originarias; sensibilizar a las familias para crear vínculos sentimentales, amorosos y de seguridad”, explicó.

Los casos de trata de personas en nuestro país –apenas 7 en el año 2021-- son analizados y resueltos por los jueces especializados en violencia, “lo que ha hecho inmensamente una diferencia a la hora de tratar los delitos, porque están sensibilizados, esto tiende a tener un enfoque de Derechos Humanos y de género”, agregó la doctora Ramos.  

Atención y acompañamiento
La presidenta de la CSJ dijo que existen mesas de trabajo regionales, departamentales, municipales y distritales, donde están involucradas las diferentes instituciones y organizaciones (unas 50 en total), especialmente en las zonas fronterizas, donde hay mayores posibilidades de que se cometa el delito de trata de personas.

El Plan Nacional incluye también una estrategia para la atención y acompañamiento a víctimas de trata de personas en Nicaragua, el cual detalla las alertas que deben tener en cuenta los servidores públicos involucrados en la prevención y acompañamiento de este delito.

Con la vigencia de la Ley 896, se creó la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas (CNACT), que da seguimiento a las acciones del Plan Nacional Estratégico.

“Existen comisiones interdisciplinarias que ayudan en el trabajo de los jueces de Familia y Violencia, los que tratan de suavizar la situación, ayudando a las víctimas a reconocer que no son culpables por lo sucedido”, informó la magistrada Ramos.

De igual manera Nicaragua, cuenta con el protocolo para la repatriación de victimas de trata de personas y se capacita a los funcionarios de las sedes consulares en el exterior, “para que ellos garanticen que se apliquen sus derechos y las medidas de protección especial que se requieren en estos casos”.  

El Plan Nacional Estratégico para la Prevención, Atención, Investigación, Persecución y Sanción del Delito Contra La Trata de Personas 2023-2027, es parte integral de la política pública de tolerancia cero y el Plan Nacional de lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

“Este es un plan que se fundamenta en el interés que tiene el Estado de Nicaragua en garantizar los Derechos Humanos de las personas”, finalizó la doctora Alba Luz Ramos Vanegas.