Dr. Julio César Arias Roque, director general de la DGCIP.

“El país ha cumplido 37 de las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI encaminadas a prevenir el lavado de dinero, lo que refleja que en el mediano plazo nos acercaremos al cien por ciento de cumplimiento. Estos resultados son fruto del “muro de contención” que en el año 2008 implementó el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, aseguró el funcionario.

El doctor Arias Roque destacó el trabajo de las instituciones que están en la primera línea de acción en la lucha contra ese flagelo, como la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

“Nicaragua es el país de la región que más incauta y decomisa droga y dinero proveniente del narcotráfico, producto de las acciones que han desarrollado las autoridades de las diferentes instituciones del Estado en el enfrentamiento contra esa actividades”, dijo el funcionario del Poder Judicial.

El doctor Arias Roque aseguró que en el país se registran muy pocos casos de lavado de activos en proceso de juzgamiento, debido a que Nicaragua se ha vuelto un obstáculo real y efectivo para esta actividad, de tal manera que los delincuentes evitan el paso por el territorio terrestre, marítimo o espacio aéreo.

Los Dres. Roberto Larios Meléndez y María Amanda Castellón, vocero del Poder Judicial y directora de la DIRAC, respectivamente, entrevistan al Dr. Julio César Arias Roque.

Buen rol de los abogados
Otro de los logros en esta materia es “el tema de las sociedades mercantiles, que en los últimos años no se han visto involucradas en actividades de ese tipo”. Asimismo “el rol de los abogados y notarios públicos, al cumplir con las reformas a la Ley General de Registros Públicos y Código de Comercio, que los mandata a registrar el beneficiario final de las sociedades mercantiles”.

El funcionario recordó que a partir del año 2020, Nicaragua comenzó a adoptar una serie de acciones recomendadas por el GAFI y el GAFILAT, entre ellas la de contar con un registro de beneficiario final para transparentar las actuaciones de las sociedades mercantiles. El beneficiario final es la persona natural que tiene el dominio, control y por ende la capacidad de decisión en la sociedad mercantil.

“Con la reforma a la Ley del Notariado, corresponde a los abogados y notarios públicos como sujetos obligados, proporcionar información a la DGCIP. Los sujetos obligados son parte del sistema anti lavado, a ellos les atañe reportar acciones inusuales que puedan darse al momento que prestan sus servicios profesionales, ya sea a una persona natural o jurídica”, explicó el doctor Arias Roque.

Agregó que las sociedades mercantiles también son entidades relevantes en la vida económica de un país, que aunque no son sujetos obligados tienen un rol fundamental en la prevención de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva.

El doctor Arias Roque explicó que existen 73 delitos que comete la criminalidad organizada a nivel mundial, algunos de los cuales pueden prevenir los abogados y notarios de acuerdo a sus conocimientos. “Si el profesional del Derecho detecta una actividad relacionada a aquellos delitos vinculados al lavado de dinero y financiamiento, debe reportarlo”.

A la fecha la mayoría de sociedades mercantiles han declarado a su beneficiario final, informó el funcionario de la CSJ.  “La sociedad que incumpla será sancionada con sanciones leves, menos graves y graves, las cuales incluyen la inmovilización del tráfico registral, el pago de una multa y la publicación de su incumplimiento. La sanción se levantará hasta que la sociedad cumpla con sus obligaciones y pague la multa”, explicó.