Durante un encuentro con los jueces titulares de ambas Casas de Justicia, el magistrado, en su calidad de coordinador de la Circunscripción Judicial Central, revisó los datos estadísticos y afirmó sentirse satisfecho por el trabajo que han realizado.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Gerardo Arce, los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Chontales junto a los funcionarios y trabajadores del Juzgado Local Único de Santo Tomas y La Libertad, con autoridades de las instituciones locales

En la visita participaron magistrados del Tribunal de Apelaciones, Defensores Públicos, funcionarios de la DIRAC y una representación de los Facilitadores judiciales. El magistrado también sostuvo un encuentro con funcionarios de instituciones locales, como el Ministerio de Familia, la Policía Nacional y autoridades municipales, con el objetivo de conocer el funcionamiento coordinado del sistema de justicia en ambos municipios.

La visita en la Casa de Justicia de Santo Tomás, inició con un recorrido por las instalaciones para conocer el estado físico de la misma. Posteriormente, el magistrado Arce Castaño y los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Chontales, sostuvieron una reunión con el juez Edmundo Leiva Argüello, quien presentó estadísticas del tribunal.

Los datos en Santo Tomás, indican que iniciaron el año 2022 con 51 causas de años anteriores y de ellas han resuelto 44. En el caso de las causas de nuevo ingreso, se contabilizaron un total de 146 y de esas se han resuelto 83. Se encuentran 122 causas de la materia de violencia por pensión de alimentos en estado suspendido.

 “Los datos indican que han hecho un buen trabajo, pero en la materia de violencia seguimos teniendo dificultades. El problema es el pago de pensiones de alimentos y hay que continuar buscando soluciones para garantizar que los menores tengan acceso a la justicia, porque no podemos tener a los niños en la indefensión, cuando debemos proteger el interés superior del infante”, expresó preocupado el magistrado Arce Castaño.

El magistrado orientó crear un plan de divulgación, para dar difusión a nivel urbana y rural de la importancia de la resolución de conflictos mediante métodos alternos, así como del trabajo de la Defensoría Pública, del Servicio de Facilitadores Judiciales y de diversos temas sobre familia, pensión de alimentos, entre otros.

El Dr.  Edmundo Leiva Argüello, conversa con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Gerardo Arce Castaño	Magistrados del Tribunal de Apelaciones de Chontales y la jueza Local Única de La Libertad, escuchan las indicaciones del magistrado Gerardo Arce Castaño, en su calidad de coordinador de la Circunscripción Judicial Central

Los datos estadísticos de la Casa de Justicia de La Libertad reflejan la misma debilidad que en Santo Tomás. La mayoría de las causas en materia de violencia se encuentran en estado de suspensión, por incumplimiento de pensión de alimentos. Entre los problemas para hacer cumplir las órdenes de captura giradas por el juez, se encuentra el cambio de domicilio de los acusados por migración hacia otras zonas mineras.

El magistrado Arce Castaño expresó su preocupación por el bajo rendimiento del Juzgado Local Único de La Libertad, que según los datos demuestran baja resolución en las causas de nuevo ingreso, sin embargo 44 causas se encuentran en trámite, de ellas 11 son de violencia, 12 de familia y 8 de la materia penal. El juzgado ha resuelto en lo que va del año 52 expedientes y 79 causas están suspendidas.

En ambas visitas el magistrado Arce Castaño se reunió con autoridades locales que pertenecen al sistema de justicia

“Hay dos materias que en nuevo ingreso veo bajas en lo que va del año 2022, una de ellas es violencia donde de 8 que ingresaron no han resuelto ninguna de ellas; en materia penal de 10 ingresadas solo resolvieron 3 de ellas. En la materia civil oral ingresaron 70 y 68 en materia de familia”, señaló el magistrado.

Durante el recorrido realizado por ambas Casa de Justicia, constataron la existencia de áreas disponibles para habilitar oficinas de la Defensoría Pública y de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), que presten las condiciones de privacidad que requieren los usuarios. Ante esta situación el magistrado Arce Castaño afirmó que solicitará la habilitación de dichas áreas para esa labor.