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Magistrados y jueces de Familia estudian convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos

miércoles 28 de septiembre de 2022


Escrito por Carlos Domingo Ferrey García

Magistrados de la salas civiles uno y dos, de la sala penal especializada de adolescentes y violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua y jueces de familia, se capacitaron en el Convenio de La Haya sobre el “Cobro internacional de alimentos, la restitución y sustracción de menores”.

Este 23 de septiembre se realizó el primero de tres encuentros, en el cual los funcionarios intercambiaron experiencias y aclararon dudas sobre esta temática, para lo cual se contó con la participación del Ministerio de la Familia (MIFAM).

Dr. Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, presidente del TAM, con delegados del Ministerio de la Familia.

El magistrado Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, presidente del TAM, al inaugurar la jornada de capacitaciones, dijo que “con estas actividades buscamos fortalecer las políticas sociales de promoción, prevención y protección de los derechos de los niños, adolescentes y adultos mayores en situación de riesgo”.

El doctor Rodríguez Mejía, manifestó: “nosotros como funcionarios tenemos una parte importante en la implementación de esas políticas, por ello necesitamos estrechar lazos con MIFAM, desarrollar mecanismos para agilizar los procesos y capacitarnos más en las leyes y convenios internacionales referidos a esta materia”.

Los expositores por parte del Ministerio de la Familia en este encuentro fueron los doctores Milton Zeledón Molina, Lorena Villalta Morales, Marlon Blanco Jiménez y Tania Rivera Amador.

En la capacitación se presentó a los judiciales el sitio web de la “Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado” (www.hcch.net/es/home), en el cual se encuentran documentadas sentencias de sustracción internacional de menores y cobro de pensiones de alimentos, que a lo largo de los años han creado jurisprudencia, así como las últimas anexiones a los convenios.
 
En la capacitación se estudiaron las particularidades de la sustracción de menores, formas en que los derechos de éstos son vulnerados por parte del sustractor, así como excepciones en las cual la restitución del menor no procede.

El Lic. Milton David Zeledón Molina, presentó a los funcionarios judiciales el sitio web de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, para el auto estudio de sentencias de sustracción de menores.

Problemas comunes
“Los problemas comunes en materia de sustracción de menores son los tiempos”, señaló el licenciado Marlon Blanco Jiménez, abogado de la Niñez del Ministerio de la Familia, ya que “muchas veces no depende del juez la celeridad del proceso, sino que muchas de las pruebas que requiere el judicial se encuentran en el extranjero; esto requiere una mayor cooperación entre los medios centrales”.

Otro problema es la ejecución, agregó. “Con la ejecución muchas veces tenés una sentencia impecable, muy bien redactada, con “todas las de ley”, pero al momento de ejecutarla tenés que subir al menor en un avión, toca coordinar quien se encargue de los pasajes y trámites migratorios”.

El director general de Adopción del MIFAM, licenciado Milton David Zeledón Molina, aseguró que “se han dado grandes mejoras en esta materia, en el cual el uso de las tecnologías de la comunicación ha sido una herramienta crucial, ya que hace años era impensable hablar de un litigio a nivel internacional en casos de sustracción de menores; ahora tenemos con más frecuencia audiencias y juicios en línea, teniendo en la mayoría de los casos resultados positivos”.

El funcionario destacó que si bien existen convenios, sin la cooperación de instituciones del Estado nicaragüense como Migración y Extranjería, Ministerio de la Familia y el Poder Judicial con organismos internacionales, sería difícil el cumplimiento de las leyes que protegen a los menores en condición de vulnerabilidad.

Por su parte el doctor Sergio Palacios Pérez, magistrado de la sala penal especializada en Violencia del TAM, valoró positivamente la especialización de las distintas autoridades judiciales y del gobierno central que intervienen en materia de familia, actualizándose en las normativas y procedimientos señalados en estos convenios internacionales.

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