La trabajadora social del juzgado de Familia de Tipitapa, licenciada Ana Verónica Álvarez Robert, señaló que el acompañamiento judicial es muy importante para contrarrestar la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes.

La psicóloga del juzgado de Familia del municipio de Ciudad Sandino, Luisa Nohemí Tellería, aseguró que también se observa que los hombres quedan a cargo de sus hijos cuando las mujeres se van del país.

De acuerdo con la licenciada Ana Verónica Álvarez Robert, trabajadora social del juzgado de Familia de Tipitapa,  los estudios sociales que más está solicitando la autoridad judicial tienen que ver con demandas de cuido y crianza interpuestas por los abuelos, ya que el padre o la madre se van del país en busca de trabajo y en algunos casos aquellos no están en capacidad de garantizar la integridad física y emocional de los menores.

Al separarse las familias, las niñas, niños y adolescentes quedan en un estado de mayor vulnerabilidad, porque reciben maltrato o quedan en situación de riesgo, debido a la negligencia y/o irresponsabilidad de los familiares que quedan a cargo de su cuido y crianza.

De enero a julio de este año, solo en materia de Familia, la psicóloga de Ciudad Sandino realizó 67 estudios o informes, y de estos un 70 por ciento fueron por demandas de cuido y crianza y suspensión de la autoridad parental. En tales procesos, los progenitores dejan a sus hijos en poder de sus familias para irse a otro país.

“En muchos casos eso deriva en abuso y violencia contra las niñas, niños y adolescentes, por parte de los familiares que quedan a cargo de ellos; esto se observa en los juzgados de Violencia, hay casos en los que son pastores los acusados de abusar sexualmente de los adolescentes”, quienes por lo general pertenecen a grupos de sus iglesias, aseguró la licenciada Tellería.

En Tipitapa, desde la parte social, la carga laboral de estudios solicitados en el juzgado de Familia anda entre 10 y 15 por mes, pero se ha elevado hasta 22 y son demandas de cuido y crianza; de mayo a septiembre se han elaborado unos 60 informes o valoraciones sociales, que dejan al descubierto la ocurrencia de negligencia materna y paterna respecto a sus hijos”, dijo la licenciada Álvarez Roberts.

Negligencia extrema
La trabajadora social recordó que un día, mientras investigaba un caso en una comunidad de Tipitapa, encontró a la madre y su hijo de 16 años consumiendo licor con dos amigas y un amigo.

“El día anterior había caído un aguacero que destruyó por completo todo el plástico con que la letrina estaba forrada y techada, pero en vez de resolver el problema, ella estaba bebiendo guaro y cuando le pregunté por su niña de ocho años me dijo que andaba vendiendo pescado con el padrastro”, refirió la trabajadora social.

En el caso de Ciudad Sandino, la licenciada Tellería señaló que a su juicio, detrás de todo está la migración y la desintegración familiar, pues al quedar sin papá y mamá, los niños y jóvenes reciben maltrato.

En el taller impartido a los Consejos Técnicos Asesores del país, integrados por psicólogos y trabajadores sociales, los especialistas en estas disciplinas expusieron una variedad de experiencias recogidas en el trabajo diario de elaborar informes psicosociales.

“Tuve un caso en que un niño fue abandonado por la mamá y el papá; las tías lo maltrataban, la abuela dijo que no podía tenerlo y la solución que “encontró” una tía fue llevarlo al juzgado de Familia, porque nadie quería hacerse cargo de él. Se realizaron  coordinaciones con el MIFAN para brindarle protección”, dijo Tellería.

Tanto Tellería como Álvarez Robert manifestaron que desde los juzgados de Familia, se realizan acciones para afrontar la problemática, por lo que están organizando grupos de crecimiento y apoyo emocional para impartir talleres, trabajar con las familias, organizando grupos de seguimiento a los casos que se conozcan, involucrando para ello a la Fiscalía, la Defensoría Pública y el Poder Judicial.

Asimismo, desde Trabajo Social se va accionando mediante redes con el apoyo de los líderes comunitarios, el MIFAN y el MINSA. “Cuando voy a las comunidades y encuentro un caso, aunque no sea de pensiones o Familia, me contacto con los vecinos y líderes para que llamen a la línea 133 y denuncien los casos de violencia, porque la idea es promocionar el trabajo preventivo desde el Estado”, dijo Álvarez Robert.

Las licenciadas Tellería y Álvarez Robert participaron en el Taller sobre técnicas de entrevistas a niños, niñas y adolescentes con enfoque lúdico desde una perspectiva de derechos humanos, impartido recientemente a psicólogos y trabajadores sociales de los Juzgados de Familia del país, con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF).