El representante de UNICEF expuso a los judiciales, las mayores dificultades y desafíos que enfrenta América Latina en justicia penal adolescente.

El oficial a cargo de Unicef, indicó que las mayores dificultades y desafíos que enfrenta América Latina en justicia penal adolescente es la exclusión social, desigualdad, inversión en infancia es insuficiente e inadecuada, la tendencia al aumento de las sanciones duras, la rebaja de la edad mínima de responsabilidad penal, la falta de recursos económicos y técnicos para implementar sistemas sofisticados.

Eduardo Gallardo es un abogado chileno especialista en materia de justicia penal adolescente y lleva más de 21 años trabajando en la protección infantil.

El experto en justicia penal adolescente expuso que en Latinoamérica existen alrededor de 50 mil adolescentes privados de libertad, de los cuales 216 pertenecen a Nicaragua. También realizó una comparación sobre la responsabilidad penal juvenil en Centroamérica, rondando entre las edades de 12 y 18 años.

El señor Gallardo, señaló que “la Convención de los Derechos del Niño en su primer artículo establece que se entiende por niño, todo ser humano menor de 18 años; y el Comité de los Derechos del Niño declaró que el establecimiento de una edad mínima a efectos de responsabilidad penal inferior a 12 años, no es internacionalmente aceptable”.

Explicó que en los últimos 25 años el sistema penal adolescente de Latinoamérica se ha estado alineando a la convención de los derechos humanos, “han elaborado leyes específicas de justicia penal juvenil y algunos se encuentran en proceso de reforma con la ayuda técnica de Unicef, para adecuarlo a las normas y estándares internacionales”.

En Nicaragua el Código de la Niñez y Adolescencia, en cumplimiento de la norma constitucional, establece que los adolescentes a partir de los 16 años son ciudadanos y pueden ejercer sus derechos políticos. La restricción de la libertad en los adolescentes mayores de 15 y menores de 18 años puede ser provisional o definitiva; los adolescentes entre los 13 y menores de 15 años de edad no pueden ser detenidos.

“Nicaragua afortunadamente no tiene medidas penales severas para el adolescente que está en conflicto con la ley. Ellos reciben el acompañamiento de la Oficina Técnica para el Seguimiento del Sistema Penal Adolescente (OTSSPA), e involucran a la familia, con el fin de ser reinsertado a la sociedad y que no vuelvan a cometer delitos”, expresó.

Agregó que, “en este país el máximo de privación de libertad adolescente es de 6 años, en otros países de la región de América Latina y del Caribe puede llegar hasta los 50”.

Al finalizar su exposición, el representante de Unicef reiteró su apoyo técnico al Poder Judicial, en aras de continuar trabajando en el tema de justicia penal adolescente.

La directora de la OTSSPA, máster Arelis Méndez Varela, acompañó al oficial a cargo de Unicef.