“Desde el año 2007 el GRUN ha venido realizando esfuerzos sostenidos con el propósito de proteger los derechos de la niñez a vivir una vida libre de violencia”, afirmó la Dra. Belinda Guevara, coordinadora nacional de ejecución de la pena, de la Defensoría Pública.

La funcionaria abordó en el Programa del Poder Judicial “Una Hora con la Justicia”, el tema del Protocolo de la defensora o defensor público especializado de atención integral para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, especialmente de violencia sexual.

La doctora Guevara indicó que el Protocolo se crea a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de marzo del año 2018, que declaró responsable al Estado de Nicaragua por la violación a la integridad personal de una niña, por hechos que se remontan al año 2000.

Agregó que esa sentencia mandata que se cree la figura especializada y letrada para la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos especialmente de violencia sexual.

Voluntad política del GRUN
A manera de paréntesis, reiteró que desde el año 2007 el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), ha venido realizando esfuerzos sostenidos con el propósito de proteger los derechos de la niñez. “Voluntad política del Estado que se expresa en la concertación de voluntades, capacidades, funciones y acciones que se promueven desde la familia, comunidad e instituciones públicas del sector justicia”, expresó.

Es por eso, sostuvo, que nuestro fundamento es el marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, su marco normativo de forma especial es el Código de la Niñez y Adolescencia en su Libro Primero y Segundo y en particular la Ley 779 (Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres).

En ese orden, situó que el Estado de Nicaragua en cumplimiento a los principios del interés superior del niño, no re victimización, debida diligencia reforzada y protección especial en las investigaciones y el proceso penal de delitos especialmente de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, creó este Protocolo del defensor público especializado.

Añadió que en virtud de todo lo anterior, el Estado de Nicaragua a través de la Defensoría Pública crea e implementa la figura especializada que brindará asistencia jurídica gratuita a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos especialmente de violencia sexual.

Reseñó que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) aprobó el Acuerdo creador de esa figura el 27 de marzo del año 2020, el cual fue elaborado durante nueve meses con apoyo de UNICEF, la Secretaría de Género y una Comisión de la Defensoría Pública, encabezada por su directora nacional, la doctora Clarisa Ibarra Rivera.

“Este Protocolo reafirma los principios establecidos en nuestra Constitución Política, como el interés superior de la niña, niño y adolescente; el principio de la no discriminación, de diversidad cultural y étnica, de respeto a la opinión de los niños y adolescentes en todo procedimiento que le afecte”, aseguró la Dra. Belinda Guevara.

Objetivos del Protocolo
Precisó que el objetivo general de este Protocolo es “mejorar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes facilitando el acceso gratuito a servicios de asesoría y representación legal desde el inicio del proceso hasta su conclusión para la debida asistencia y protección a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, especialmente de violencia sexual, realizar y defender sus derechos ante cualquier órgano o instancia”.

El Protocolo establece cuatros objetivos específicos: reconocer el derecho de la víctima a participar en todas y cada una de las etapas del proceso y en defensa de sus derechos; y asignar un defensor público especializado, que acompañe, asesore, represente y se constituya en parte procesal.

Los otros objetivos, son: proporcionar a la defensora o defensor público especializado un marco conceptual, guía y fuente de actuación para el ejercicio de sus funciones; y capacitar a los defensores públicos sobre estándares internacionales en materia de investigación de violencia sexual y todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Subrayó que este Protocolo reafirma los principios establecidos en nuestra Constitución Política, como el interés superior de la niña, niño y adolescente; el principio de la no discriminación, de diversidad cultural y étnica, de respeto a la opinión de los niños y adolescentes en todo procedimiento que le afecte.

De igual manera, el principio del respeto del derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo; de efectividad, de autonomía progresiva, de no re victimización; principio de vulnerabilidad, de debida diligencia reforzada, principio de integridad, de especialización y principio de confidencialidad.

Explicó que esta Unidad Especializada en esta materia en la Defensoría Pública, está dirigida directamente por la directora de esta institución, la doctora Clarisa Ibarra Rivera. A la fecha cuenta con 23 defensoras y defensores públicos especializados que cubren todo el país. Solamente en Granada y Matagalpa no tenemos al defensor especializado y lo atendemos desplazando a otros defensores especializados.

Cabe mencionar que cada uno de los defensores y defensoras públicos especializados son nombrados por Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia.

La doctora Guevara comentó que después de ser creado el Protocolo le hicieron un Adendum, que fue aprobado por el CNACJ, el cual especifica las funciones del defensor público especializado desde la fase en que inicia, incluyendo la fase de investigación.

Brevemente explicó que la ruta de acceso a la justicia en este tipo de delitos, se hace a través de las instituciones como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Familia, que son la principal puerta de entrada, también reciben solicitudes personales, solicitudes judiciales y las que son captadas en las sedes de la Defensoría Pública.

Para finalizar manifestó que los principales retos que tienen en esta materia, es “nombrar defensores públicos especializados en Granada y Matagalpa, reforzar esta Unidad Especializada en la sede central de la Defensoría Publica, crear en la Defensoría Pública un equipo interdisciplinario y darle más divulgación a la existencia de este defensor público especializado y al Protocolo”.