La distancia es corta, pero la recompensa satisfactoria. Conocer cuántas personas son beneficiadas por los programas de justicia del Poder Judicial es el leit motiv de la empresa del vicepresidente de la CSJ. Su destino es Wasakin, una comunidad indígena en la que habitan 300 familias dedicadas al cultivo de malanga, yuca, arroz, frijoles y en menor medida a la extracción de madera.

Al final de un puente colgante, un sencillo pero simbólico grupo de representantes de la comunidad indígena recibe al magistrado. El cariño de los habitantes se hace notar de golpe, rápidamente lo invitan a conocer a las familias en su recorrido por las casitas de tambo y paja, donde se mantienen vivas la mezcla de culturas y lenguas africanas, indígenas, españolas e inglesas.

El doctor Aguilar García conoce muy bien las diferencias que hay entre las culturas del Caribe y del Pacífico y explica que “los jueces comunales o whitas no son facilitadores judiciales, pero culturalmente gozan del respeto de los habitantes, tienen autoridad y son los más idóneos para mediar en los conflictos de la sociedad indígena, pues hablan las lenguas nativas. A esto agregamos que los dotamos de conocimientos en Derecho y los capacitamos en técnicas para mediar los problemas”.

A nivel de la región caribeña existen 300 whitas, los cuales han recibido capacitación del Poder Judicial.

La familia Anderson Flores sale a dar la bienvenida del ilustre visitante. Ellos reconocen la labor de los “whitas”. El mayor de los cuatro descendientes del matrimonio Anderson Flores, Pedro Javier, escucha atento las explicaciones del magistrado e interviene al enterarse que el representante del Poder Judicial en su afán por fortalecer la justicia en su comunidad y valorando el esfuerzo de los jóvenes que han culminado sus estudios de secundaria, ofrece dos becas para estudios en la carrera de Derecho.

 “Yo quiero continuar con mis estudios, necesito el apoyo para salir adelante. Mis padres tienen el deseo de mandarme a estudiar pero no tienen los recursos, esta sería una buena oportunidad para lograr mis sueños, soy joven y quiero un futuro mejor”, expresa entusiasmado Pedro Javier al magistrado Aguilar García, quien al ver la iniciativa responde estrechando las manos del joven, señalándole  que debe estudiar y retribuirle a su comunidad los conocimientos adquiridos.

Enseguida continúa su recorrido y llega a una iglesia morava. Allí lo aguarda uno de los dos whitas encargados de resolver los conflictos vecinales del poblado indígena. Saluda de inmediato y hace empatía -su sencillez se lo permite- con el mediador miskito. Solorsiano Blare es el nombre del whita con dos años de experiencia en esta responsabilidad; él explica los límites de sus funciones y las penas para aquellos que infringen las normas sociales de la comunidad.

Por ejemplo, afirma Blare: “Por un hurto aquí lo que hacemos es llevar a la persona que comete la acción a limpiar los panteones, a cortar monte, a hacer zanjas, pero cuando la falta es más grave inmediatamente recurrimos a las instancias judiciales. Esto ha permitido que los índices de los delitos sean muy bajos, porque la persona sancionada no vuelve a quebrantar las reglas, es más sirve de ejemplo de lo que no se debe hacer”.

Durante la conversación con los líderes comunales, el magistrado Aguilar García planteó la necesidad de mantener la estabilidad en el cargo de los whitas por parte del Consejo Regional, para que “por lo menos durante dos años ellos puedan ejercer sus funciones”.

Finalmente y luego de refrescarse un poco tomándose varios cocos de agua gentilmente ofrecidos por la comunidad, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia concluye su visita. “Hasta la próxima, lo esperamos”, se despiden los comunitarios.