La máxima autoridad del Poder Judicial explicó al plenario del Poder legislativo que con esta iniciativa de ley “se eliminaron las diligencias de oficio para mejor proveer y ser consecuente y coherente con el principio procesal que establece que las pruebas deben ser aportadas exclusivamente por las partes”. Agregó que “en la contestación el demandante alegará las excepciones y estas serán resueltas en la audiencia inicial, al igual que aquellas que obstaculizan la prosecución y finalización del juicio con la sentencia”.

La doctora Ramos afirmó que “se aclaró el concepto de las excepciones, entendiéndose como tales aquellas que extinguen las pretensiones de conformidad con la leyes, como la prescripción, el pago y la cosa juzgada; estas figuras deberán resolverse en la sentencia definitiva, porque constituye el fundamento de las pretensiones del autor”.

“Hoy podemos decir con satisfacción que los insumos obtenidos del trabajo del nuevo Código Procesal Civil, prácticamente redefinieron las bases del proyecto del Código de Familia, proyectándolo hacia un sistema procesal por audiencia estrictamente oral”, afirmó. No obstante, agregó, “reconocemos con humildad que el titánico esfuerzo desarrollado es susceptible de recibir continuas mejoras”.

Oralidad y simplicidad
Por su parte la magistrada Ligia Molina Argüello, coordinadora de la comisión técnica redactora del código, en su exposición ante el plenario dijo que “no se puede mejorar la administración de justicia sin una innovación total de su cuerpo normativo, que aspire a introducir un modelo en forma procesal que se caracterice por su simplicidad, agilidad, transparencia, publicidad y que privilegie las actuaciones procesales orales como mecanismo efectivo de una justicia más pronta y cumplida”.

La doctora Molina dijo que “todos esos cambios cualitativos en materia civil asociados a la publicidad, permitirán ofrecer una renovada tramitación de los procesos, abriéndolos a los usuarios y al pueblo en general”, en ese sentido, agregó, “el nuevo Código Procesal, vendrá a democratizar más la administración de justicia a través de la apertura del ejercicio de la función jurisdiccional civil al control social de la nación”.

La funcionaria explicó a los parlamentarios que “este Poder del Estado experimenta constantes cambios de modernización de la justicia, en esa búsqueda la Corte Suprema se ha comprometido a hacer tangible el objetivo de lograr el fortalecimiento del Estado de Derecho e incrementar la confianza del pueblo en el sistema de justicia, en aras de cumplir el mandato constitucional de administrar la justicia en nombre del pueblo”.

Además, expresó la magistrada Molina Argüello, “es importante referir que se mantiene el trámite de la mediación por su relevancia en la resolución de los conflictos, tendrá un carácter extra procesal, por lo que serán personas ajenas al proceso, distintas al juez, quienes faciliten la mediación. De no cumplirse con el proceso de la mediación, no se aceptará la demanda, aunque cumpla con los requisitos que exige el nuevo Código o las leyes respectivas”.

La presidenta de la CSJ estuvo acompañada por el vicepresidente de la Corte doctor Marvin Aguilar García y los magistrados Ligia Molina Argüello, Rafael Solís Cerda, Francisco Rosales Argüello, Yadira Centeno González, Antonio Alemán Lacayo y Edgar Navas Navas.