“Quiero también decirles que todas las ventas que se han hecho donde se comercia con los territorios de las comunidades indígenas son nulas, porque estos actos violentan la ley. Por lo tanto no tienen validez”, aseveró el magistrado Aguilar García.

El vicepresidente de la CSJ explicó que este documento (convenio) “establece los procedimientos para proteger los territorios indígenas de las invasiones, ya que el Derecho Penal es lo último que debe aplicarse. Aquí no estamos planteando los procesos penales como la última alternativa. El primer paso, es prevenir el segundo, es dialogar para que se retiren; y el último, es el proceso penal”. 

Asimismo, el doctor Aguilar García informó a los 22 miembros del C.R.A.AN (participantes en esta actividad) que según varias organizaciones de derechos humanos --como el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente  (ILANUD)-- Nicaragua es uno de los países con menos retardación de justicia en Iberoamérica.

“No lo decimos nosotros. Lo dicen organismos internacionales: no tenemos retardo de justicia. Incluso en el municipio de Bilwi no hay retraso de justicia”, manifestó el magistrado Aguilar García.

El convenio establece en su primera  parte, los considerando que originaron la reacción del documento. En la segunda parte --con siete cláusulas-- establece el objeto del mismo (definir los mecanismos de coordinación y complementariedad de los pueblos originarios); el ámbito de aplicación (todos los territorios indígenas y afro descendientes, en especial la Reserva de Biósfera Bosawás).

En la tercera cláusula establece los compromisos de la CSJ, los cuales son: la tramitación diligente, debida y expedita celeridad procesal en todas las acusaciones y recursos que se presenten ante los despachos judiciales, referidas a la usurpación de tierras comunales y delitos ambientales cometidos en territorios indígenas y afro descendientes y las áreas protegidas y poner en conocimiento de la Procuraduría General de la República de todas aquellas acusaciones que se promuevan de forma directa por parte de las autoridades territoriales o comunales.
 
La cuarta y quinta cláusula establecen los compromisos de la Procuraduría General de la República y de la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional, respectivamente.

La sexta cláusula establece los mecanismos de cooperación y ejecución de actividades y la séptima, la vigencia del convenio firmado el 26 de septiembre del 2012.

En esta actividad estuvo presente el doctor Hernán Estrada Santamaría, procurador general de la república; comandante Lumberto Campbell, secretario para el desarrollo de la Costa Caribe nicaragüense; el diputado Brooklyn Rivera Bryan, presidente de la Comisión Autonómica y Comunidades Indígenas de la Asamblea Nacional y el doctor José Luis García, procurador nacional ambiental.