“Nosotros creemos que la adquisición de este local va a ofrecer una atención más digna para el usuario, superior a la que tenían anteriormente en las instalaciones de los juzgados penales”, señaló  Luis Javier Alvarado, Responsable de la Defensoría  Pública de Rivas.

“El local que teníamos anteriormente  no permitía una atención de confiabilidad con el usuario. Muchas veces nosotros nos teníamos que salir de la oficina para poder hablar con la persona”, agregó Alvarado.

En  el nuevo local se instalarán y acomodarán  tres oficinas para los defensores públicos, una para los facilitadores judiciales y una sala de reunión y capacitaciones para los últimos mencionados.

Las capacitaciones son impartidas principalmente por los jueces locales, pero muchas veces son compartidas por  la defensoría y otros funcionarios del poder judicial como médicos forenses. En ocasiones son invitados como capacitadores, funcionarios de otras instituciones para brindarles a los facilitadores información  sobre estas instituciones  y de cómo el trabajo de los facilitadores se entrelaza con el de estas otras instituciones.

Tanto la reubicación  de la Defensoría  Pública como la apertura de una oficina para los facilitadores judiciales, es producto del convenio firmado entre la empresa azucarera CASUR  y el Poder Judicial en abril pasado.

 El  año pasado la defensoría  de Rivas --que cuenta con un total de diez defensores públicos, cuatro de ellos itinerantes en  los municipios restantes--, atendieron a novecientos ochenta usuarios, lo que significó un 98% de la meta de ese año.

Los facilitadores judiciales tienen presencia en ochenta y siete comunidades urbanas y rurales en el departamento de Rivas.