La primera sesión de estudio del convenio tuvo lugar el pasado 27 de enero en el Tribunal de Familia de Managua, bajo la conducción de la jueza Primero de Familia de Managua, doctora María José Arauz Henríquez, Enlace por Nicaragua para la Red Internacional de Jueces de La Haya.

Para la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado --de la que nuestro país forma parte--, la aprobación del Convenio sobre cobro internacional de alimentos es de “suma importancia”, porque mejorará la protección internacional de los niños y cumplirá en mayor medida el mandato de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de la que nuestro país es signatario.

La doctora Arauz Henríquez explicó que el convenio adquiere particular relevancia para nuestro país, porque las relaciones familiares han trascendido las fronteras debido a la necesidad de muchos nicaragüenses de buscar trabajo en países como Costa Rica, Estados Unidos, España o Panamá, entre otros.

En la próxima reunión de trabajo, el MIFAN y la Defensoría de Familia informarán la cantidad de casos sometidos a su conocimiento, en que internacionalmente se reclama pensión de alimentos.

Defensoría preocupada
En una comunicación dirigida a la judicial, la directora de la Unidad de Familia de la Defensoría de Nicaragua, doctora Andrea Baltodano Parriles, planteó la necesidad de retomar el tema de la Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias para resolver los casos en esta materia.

“Preocupa el no poder restituir a los niños, niñas y adolescentes el derecho a recibir alimentos debido a que gran cantidad de padres irresponsables, cuando son notificados de los trámites de mediación, salen del país para evadir su responsabilidad o si salieron supuestamente a buscar una vida mejor y en otro país encuentran otra pareja, olvidan a los hijos que quedaron en Nicaragua”, refiere la doctora Baltodano Parriles.

Nereyda Castillo Zamora, defensora pública delegada por la doctora Baltodano para participar en la sesión de estudio, aseguró que ella ha conocido de tres casos en los que no fue posible lograr el goce de ese derecho para los menores involucrados.

La jueza Arauz Henríquez indicó que muchas veces las resoluciones judiciales y administrativas (dictadas por la Autoridad Central o Ministerio de la Familia), quedan “estériles” y no se ejecutan porque el convenio no está aprobado por el Parlamento.

Para menores de 21 años
Reiteró que una vez suscrito, el acuerdo internacional establecerá “un sistema completo de cooperación entre las Autoridades Centrales de los Estados, permitiendo la presentación de solicitudes (de cobro de alimentos) y la obtención de decisiones (administrativas o judiciales) como ocurre ahora con la aplicación del Protocolo en materia de sustracción internacional de menores.

El ámbito de aplicación del Convenio sobre cobro internacional de alimentos cubre a los menores de 21 años, según establece su texto y para Nicaragua constituiría una novedad porque a la fecha no existe una ley aplicable a esas circunstancias.

En la sesión de estudio también participaron las licenciadas Katia Jaentschke Acevedo y Haelth Ruiz Montiel, directora de Restitución de Derechos y abogada del MIFAN, respectivamente, así como Cristel Castro Sacasa, delegada de ese ministerio en el Tribunal de Familia.