Defensoras y defensores públicos cargaron sus enseres al nuevo local donde sus condiciones de trabajo mejorarán.

No obstante, la directora nacional de la Defensoría Pública, doctora Clarisa Indiana Ibarra Rivera, solicitó al coordinador del Tribunal de Familia, Eduardo Calderón Marenco, mantener un espacio para que desde aquí, una receptora ejecute el sistema informático que distribuye aleatoriamente entre el cuerpo de defensores públicos, las causas nuevas que ingresan a diario.

La mudanza de los operadores de la Defensoría Pública de Familia concluyó este 28 de marzo con el traslado del mobiliario, luego que los expedientes resguardados en bolsas plásticas y los equipos de computación fueran llevados al nuevo local durante todo el día del jueves 27 de marzo.

Falta instalación de redes
“Ahora las redes no están instaladas (en el local nuevo) y eso se llevará un mes como mínimo; la idea (de la oficina en el Tribunal de Familia) es (también) que los defensores tengan un espacio para esperar las audiencias de sus representadas con los jueces”, explicó la doctora Ibarra Rivera.

Según cálculos de la funcionaria, en promedio diario la Defensoría de Familia abre de dos a tres casos por defensor público sin contar con los ya iniciados, que andan entre 300 y 400 por cada uno. Sin embargo, confió en que para abril implementará “una nueva modalidad de trabajo para distribuir de forma más eficiente y efectiva el servicio”.

Además de las oficinas de los dos nuevos jueces locales en el Tribunal de Familia, también se instalarán sus asistentes (dos por cada uno) y un mediador más que se sumará a los cuatro que actualmente celebran esos trámites.

En una reciente reunión presidida por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, adelantó que ante la designación de los dos jueves locales, necesariamente se aumentaría en al menos cinco personas más la cantidad de secretarios de Tramitación.

Con este reforzamiento de personal jurisdiccional, se aspira a que para mayo próximo se haya desahogado el rezago de la carga judicial, sobre todo la relacionada con pensión de alimentos y divorcios, que es la que rebasa a los seis jueces actuales.

Cada juez tramita un promedio de mil cien causas de alimentos y divorcios, fuera de las otras acciones como regulación o modificación de relaciones padre-madre hijos; declaratoria de total desamparo, guarda, adopción, investigación y /o impugnación de maternidad – paternidad y adopción, entre otras.