Así lo admitió la presidenta del Tribunal de Apelaciones magistrada Teresa de Jesús Peña Solís, al ser preguntada al respecto por periodistas blufileños en una rueda de prensa.

“La retardación de justicia que tenemos se debe a la falta de ciudadanos que no se presentan a integrar jurado cuando son llamados, lo que nos obliga a tener que estar reprogramando los juicios y genera más gastos, no sólo al Poder Judicial sino también a los familiares de víctimas y procesados”, explicó la doctora Peña Solís.

El otro problema no menos importante que enfrenta la administración de justicia en la cabecera regional del Caribe  es la retardación en la materia civil, debido en gran parte “a que sólo tenemos una judicial de distrito y un local civil, cuando por mes ingresan 700 causas”, manifestó la presidenta del Tribunal de Apelaciones.

“Quiero hacer un llamado a toda la población para que cumplan con su obligación ciudadana y acudan cuando sean llamados a participar como jurados y aprovechar esta oportunidad para solicitar a la Corte Suprema de Justicia que nombre un juez en distrito civil y otro en local civil, para que ayuden a descongestionar esta materia”, manifestó la magistrada Peña.

Estas declaraciones las brindó durante una conferencia de presa donde estuvo presente el presidente de la Sala Penal, magistrado César Augusto Quinto Gómez y el director general de Comunicación del Poder Judicial, doctor Roberto Larios Meléndez.

Sistema Nicarao
Durante la conferencia la judicial dio a conocer lo importante que será para ese complejo el tener la réplica total del modelo de gestión de despachos judiciales, anunciada para el mes de Junio próximo. 

Por su parte el doctor Roberto Larios Meléndez explicó a los medios de comunicación presentes la importancia del modelo de gestión de despacho judicial, “el cual se fundamenta en un sistema informático que se llama sistema Nicarao, lo que permite un cambio total en la forma de tramitación de los juicios, donde el abogado ya no podrá tener contacto directo con el juez sino en audiencias orales y públicas”.

“El sistema también permite diferenciar entre las funciones jurisdiccionales del juez y la función administrativa, con el nuevo modelo el juez ya no atiende funciones administrativas, las que serán atendidas por las Oficinas de Servicios Comunes y las Oficinas de Apoyo Procesal, esto asegura que el juez se dedique solo a dictar sentencias”, explicó el doctor Larios.

A preguntas de los periodistas, el funcionario explicó los avances que hoy son notables en los Registros Públicos de la Propiedad en todo el país.

“A raíz de los problema que se tuvieron en Bluefields, donde se comprobaron actos de corrupción, la Corte Suprema de Justicia decidió iniciar un plan de saneamiento en los registros públicos, que ha llevado al cambio del personal y los empleados en varios departamentos”, explicó.

Para ello se conformó la comisión especial de Atención a los Registros, que está integrada por la presidenta de la CSJ doctora Alba Luz Ramos Vanegas, el doctor Rafael Solís Cerda, responsable de las circunscripciones del Caribe, la magistrada Ligia Molina Argüello y el magistrado Francisco Rosales Argüello.

Larios dijo que “una de las medidas inmediatas que se tomó fue la creación de la Inspectoría Nacional de los Registros Públicos, quien es la encargada de monitorear las quejas que presenten los usuarios en todos los registros a nivel nacional”.

Otra medida fue la de implementar los planes “Rezago Cero”, que ha posibilitado llevar la atención en los registros en los tiempos de ley, con 30 día máximos para entregar una escritura de propiedad, “siempre y cuando se presente todo en regla”, finalizó el funcionario de la CSJ.