La justicia de familia ha revivido demandas como la de investigación de paternidad que antes casi no se interponían, asegura el juez José Ramón Barberena Ramírez.

En Nicaragua los Juzgados especializados de Familia empezaron a funcionar en el año 2009, el primero de ellos en marzo, en Chinandega; y el segundo un mes después, en Matagalpa.

Al frente de esas judicaturas estaban los doctores José Ramón Barberena Ramírez y Xiomara Rivera Zamora, respectivamente, hoy jueces Cuarto y Tercero de Distrito de Familia en Managua.

En la capital, los juzgados Primero y Segundo de Distrito de Familia, con sus titulares María José Arauz Henríquez y Belda Cárcamo Sánchez al frente, empezaron a funcionar el 7 de julio de ese mismo año, aunque la inauguración oficial se llevó a cabo dos días después en el Complejo Judicial Nejapa.

Los precursores de esta justicia especializada coinciden en que, con relación a los tiempos en que se impartía desde los juzgados civiles, la justicia de familia ahora es más objetiva y científica, lo que ha permitido que las mujeres se apropien y reclamen el derecho de sus vástagos.

Para la doctora Arauz Henríquez, la instauración de la justicia de Familia constituyó una respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia a la demanda de la sociedad y especialmente de las mujeres, para acceder a la justicia de forma especializada, pertinente y con respuesta multidisciplinar.

María José Arauz Henríquez, jueza Primero de Familia de Managua.

Especialización vital
“A partir de esta justicia especializada vemos que el divorcio no se tramita de forma mecánica, sino que de acuerdo con sus particularidades, el o la jueza auxiliado por el equipo multidisciplinario resuelve la demanda sobre la realidad de lo que ocurre en ese conflicto familiar”, estimó por su parte el juez Cuarto de Familia de Managua.

Recalcó que la ventaja de la justicia especializada es que tiene a su disposición “un aparato para la aplicación del sistema integral de decisión en estos juicios”.

La doctora Arauz Henríquez apuntó que esa respuesta especializada la propicia el trabajo social y sicológico que realizan las expertas del equipo multidisciplinario, y se traduce en un acercamiento de la justicia a las mujeres que reclaman y representan el derecho de sus hijos e hijas.

¿Qué falta, a pesar de los logros alcanzados? “Efectividad de la sentencia y afinar la coordinación interinstitucional; agilizar los procesos aunque con el nuevo Código de Familia ya hay respuesta, porque lo que con él podemos resolver en una audiencia ahora se lleva hasta seis u ocho meses”, respondió la jueza Arauz.

La judicial espera que a cinco años, la población ya sienta que se le da respuesta en el tiempo preciso y que los litigantes  hagan más uso de las medidas provisionales mientras termina el proceso.

El trabajo de sicólogas y trabajadoras sociales es clave para la resolución de juicios de guarda, divorcios y otros.

Señaló que “hay abogados que a propósito promueven tácticas dilatorias con el ánimo de atrasar los juicios, sin tomar en cuenta los derechos humanos, como el de la alimentación, de niños, niñas y adolescentes”.

El juez Barberena recordó que antes los jueces facultados para impartir justicia de familia “no tenían la misma visión integral del conflicto familiar, sino (que tramitaban) mecánicamente con el patrón demanda, tramite conciliatorio, emplazamiento de instituciones y sentencia y eso era ver la justicia rogada”.

Ahora, con el Código de Familia aprobado, sostiene, la legislación recoge el tema de familia “en un solo idioma” y los jueces tienen otra visión, incluso, la carga se ha elevado, la gente se ha volcado a demandar, algo que antes no ocurría.