“Existen seis grupos étnicos en esta región y es importante establecer una legislación que garantice los derechos fundamentales y los derechos constitucionales en la materia civil para las comunidades indígenas y las comunidades afro descendientes, sin exclusión de los grupos que conformamos la riqueza pluricultural y bilingüe de nuestra región”, dijo Quinto.

Explicó que existe un sinnúmero de leyes dispersas dentro del ordenamiento jurídico nacional que regulan los derechos de la población autónoma, como la Ley 162 o Ley de Lenguas, que reconoce que todos los ciudadanos tienen el derecho de utilizar su lengua materna, o la Ley 445 de demarcación y titulación de las tierras indígenas.

Retomando la propuesta del magistrado Aguilar, el doctor Ronald Antonio Wilford Vargas, juez Local penal de Bluefields, dijo que es necesario incorporar en un solo cuerpo legal “todo lo que anteriormente no ha sido tomado en cuenta en relación a los derechos que poco a poco se han ido implementando en las diferentes Leyes y que puede beneficiar a la Costa Caribe de Nicaragua”.

“Estos tres días de taller es la oportunidad que tenemos para brindar estos aportes que son necesarios para que en determinado momento se vaya acoplando a la Ley de Autonomía que nos rige a nosotros los pueblos de la Costa Caribe”, dijo Wilford.


A formar comisiones

El judicial considera urgente formar comisiones regionales de expertos para apoyar a la comisión técnica redactora “y no esperar que los legisladores o la comisión de justicia del parlamento lo hagan por nosotros”.

La jueza único de distrito civil de Bluefields, doctora Teresa de Jesús Peña, sostuvo que la propuesta del doctor Aguilar “es algo novedoso en vista que en nuestra región existen diferentes lenguas, diferentes etnias y cada sentencia es incorporada en todas y cada una de las comunidades que se encuentran en nuestra región”.

“Necesitamos un modelo que incorpore las formas de administrar justicia en la Costa Atlántica, en la actualidad existen los wihtas o jueces comunales que son nombrados por el Consejo de Ancianos y esto debe ser formalmente incorporado en  la administración de justicia”, dijo la jurista.

Peña criticó el código procesal civil actualmente en vigencia, señalando que en el existen figuras que no están acordes con la realidad y las experiencias históricas de las diferentes comunidades de esta región. Informó además que en el área civil hay retardación de justicia porque solo existe un juez civil.

“Tengo mil 800 causas acumuladas y en parte se debe al código que tenemos, que está completamente desfasado, obsoleto y no responde a la realidad actual; si la aprobación de un nuevo modelo se hace realidad tendríamos justicia más expedita, ágil y rápida”, dijo Peña.

La doctora Yorlene Orozco Aguilar, juez de ejecución de sentencias de la RAAS, destacó la importancia de la consulta, “ya que en nuestra comunidades rige lo que es el derecho consuetudinario y aun existen prácticas que el derecho sustantivo y formal no toma en cuenta, precisamente porque las comunidades indígenas y los pueblos están alejados”.

“Casi siempre nos quedamos al margen, especialmente las comunidades indígenas que son las que ponen en práctica los usos y costumbres propios de su zona, por ejemplo los whitas, que son la estructura por las que ellas se rigen y no existe un código o procedimiento formal que regule su funcionamiento”, dijo Orozco.