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Justicia de Familia en Managua muestra considerable mejoría

martes 09 de septiembre de 2014


Escrito por Janelys Del Socorro Carrillo Barrios


* Afirma la jueza Sexto de Distrito de Familia de Managua, doctora Margarita Romero Silva.

De 1,200 expedientes que hace cuatro meses cada juez de Familia de Managua debía tramitar junto con las nuevas demandas que les asignaban diario, la cifra ha disminuido a unas 800 en promedio, gracias al conjunto de medidas adoptadas por el Tribunal de Familia y la Corte Suprema de Justicia.

 

Doctora Margarita Romero Silva, jueza Sexto de Distrito de Familia.

“La justicia de Familia ha mejorado, las filas de usuarios pidiendo audiencia con el juez han disminuido; hay comunicación constante entre la Coordinación (del Tribunal) y los jueces, y se desarrollan planes para evacuar los asuntos paralizados y agilizar los asuntos en estado de apelación”, sostuvo la jueza Sexto de Distrito de Familia, doctora Margarita Romero Silva.

El 4 de septiembre la administradora de justicia compareció en el espacio radial “Una hora con la justicia”, donde señaló que “hemos mejorado considerablemente” como resultado de las medidas implementadas para resolver la congestión que tiempo atrás tenían al Complejo Judicial de Familia con una mora significativa.

La doctora Romero Silva informó que en el presente año han ingresado 7,672 demandas nuevas y se han terminado 2,970; hasta el 3 de septiembre habían 8,200 expedientes en trámite y desde la creación de los Juzgados de Familia en julio de 2009, se han resuelto 26,300 juicios.

 “Tenemos el agrado de decir que poco a poco han ido mejorando las cosas”, valoró el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctor Gerardo Rodríguez Olivas, quien junto al doctor Roberto Larios Meléndez conduce el programa radial de la Dirección General de Comunicación del Poder Judicial.

Mejora gradual
Al repasar las acciones emprendidas para mejorar el servicio a la población, el magistrado Rodríguez mencionó el incremento de seis a nueve juzgados de Familia (dos de ellos dedicados única y exclusivamente a tramitar y resolver demandas de pensión de alimentos y divorcios, que son las más recurrentes).

La administradora de justicia y el magistrado Rodríguez coincidieron en que la excesiva carga judicial propició que usuarios y abogados recurriesen a demandar una y otra vez ¨audiencia¨ con el juez para pedir la agilización de sus causas.

 

Los avances que el Tribunal de Familia ha experimentado en los meses recientes y las tácticas dilatorias que algunos abogados realizan en los juicios para desgastar a su contraparte, entre otros temas, fueron abordados durante la comparecencia de la jueza Margarita Romero Silva.

Esto se convirtió en un problema serio, porque provocó que las usuarias llegaran a las cuatro o cinco de la mañana a pedir un número para poder acceder a la vista con el judicial, lo cual “era totalmente indigno”.

“Un proceso de Familia no tiene porqué durar un año. Hoy en día hemos logrado avances significativos; las causas que están entrando lo más que pueden tardar son cuatro o seis meses”, calculó la jueza Romero.

No obstante, los ajustes realizados han impactado positivamente, de manera que ahora las audiencias libres que antes se celebraban dos días por semana y en promedio de 80 por mes, han disminuido drásticamente y los usuarios ya no se ven obligados a madrugar.

“Se ha dispuesto un registro en el que los usuarios anotan la problemática que enfrentan y si el atraso se detecta en la parte procesal, la Oficina de Gestión de Audiencias, Tramitación o la que corresponde, inmediatamente le da respuesta”, precisó la judicial.

Agregó que en los casos en que el juez o jueza tiene el expediente para sentencia, se explica al usuario que la resolución se emitirá en el menor tiempo posible.

Los funcionarios indicaron que cuando el Código de Familia entre en vigencia las audiencias desaparecerán, porque no tendrán sentido ya que el proceso se llevará en dos audiencias y de forma oral.

Finalmente, la doctora Romero sugirió reactivar la Comisión Interinstitucional de Familia con el fin de unificar criterios relacionados con medidas que deben tomar, por ejemplo en materia de auxilio judicial o para dar seguimiento en casos de violencia u otras situaciones.
 

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