La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, firma el Protocolo de Actuaciones en casos de sustracción y restitución internacional de niños, niñas o adolescentes junto a la ministra de la Familia Marcia Ramírez.

Después de cuatro meses en los que una comisión revisó y actualizó su contenido conforme la nueva norma vigente desde el 8 de abril, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, firmó el Acuerdo junto a la ministra Marcia Ramírez.

El Acuerdo que pone en vigencia el Protocolo actualizado, brinda mayor protección a niños, niñas y adolescentes cuando son sustraídos de su lugar de residencia habitual por alguno de los padres o familiares, y fue revisado a la luz del nuevo estatuto que a su vez acoge los convenios internacionales referidos a esa temática.

“En dos años que teníamos de aplicación del Protocolo en materia de sustracción y restitución de menores de edad, el papel de los  litigantes en cuanto a invocar las excepciones fue muy escasa y pobre, lo que deja en indefensión a la parte que representa”, hizo ver la magistrada presidenta poco antes de firmar el Acuerdo.

Planteó que ahora, “el reto es estudiar y apropiarse de la letra de los convenios internacionales relativos a la sustracción y restitución internacional y seguir la guía que el Protocolo ofrece para tal efecto”.

La jueza María José Arauz, coordinadora de la Comisión de revisión, dijo que el cambio radical del Protocolo es el referido al proceso judicial, al pasar de un proceso sumario que establecía el sistema escrito al oral que contempla las medidas que puede tomar la autoridad judicial para ubicar a un niño, niña o adolescente.

Estudio y manejo
La comisión de revisión y actualización del Protocolo designada por la presidenta del Poder Judicial nicaragüense la presidió la jueza de Enlace, doctora María José Arauz Henríquez, quien señaló que los funcionarios públicos involucrados, tanto administrativos (Autoridad Central o MIFAN) como jurisdiccionales, deben capacitarse considerando que la competencia en los juicios de Familia la tienen los jueces Locales Únicos, Locales Civiles y de Distrito de Familia.

Recordó que en caso de sustracción el judicial competente será el del lugar en donde se encuentre ubicado el niño, niña o adolescente,  por lo que “hay que estar preparados”.
Manifestó que, aunque complejo, el trabajo fue enriquecedor porque la comisión contó con mayores elementos para incorporarlos al Protocolo desde la experiencia de dos años de vigencia (Octubre- 2012).

 “Ello significó un gran avance reconocido tanto nacional como internacionalmente, pero fue complejo por el tema de las excepciones; también resultó interesante ver cómo se han trabajado  casos conocidos por las y los judiciales y el desarrollo del derecho de visitas que no se encuentra desarrollado plenamente en los convenios internacionales, dando oportunidad que cada país lo haga”, dijo la judicial.

Las excepciones que se pueden oponer al contestar una demanda están establecidas en la Convención de Sustracción de 1980 y recogidas íntegramente en el Protocolo, que también desarrolla el derecho de visitas, que no lo contenía la anterior edición, expuso la comisión de revisión.

Tras la firma del Acuerdo, la magistrada Ramos felicitó al equipo que revisó y adecuó el Protocolo, y giró instrucciones para que la jueza Arauz coordine con las asociaciones de abogados que estas designen un grupo de litigantes estudiosos e interesados en recibir un taller para capacitarse en casos de sustracción, el que será impartido por el Instituto de Altos Estudios Judiciales.

Los seleccionados serán parte de una lista de diez abogados “que debe tener cada Estado para cuando un solicitante requiera de representación privada”, explicó la jueza de Enlace.

La doctora Ángela Rosa Acevedo, delegada por la Presidenta de la CSJ para revisar el texto del Protocolo, anunció que se capacitará en el tema a los jueces locales y se imprimirán 200 ejemplares que contendrán los convenios internacionales.

En la comisión que revisó y actualizó el Protocolo también participó la doctora Andrea Baltodano, coordinadora nacional de defensores públicos designados para casos de sustracción internacional; el doctor Milton David Zeledón Molina y por la Autoridad Central (MIFAN), Haelth Ruiz y Víctor Rodríguez.