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Proponen que universidades impartan Código de Familia

miércoles 28 de octubre de 2015


Escrito por Janelys Del Socorro Carrillo Barrios

* Como materia de estudio.

Las universidades del país deberían impartir el contenido del Código de Familia como materia de estudio, propuso el diputado Carlos Emilio López, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia del Parlamento, durante una exposición en la que este Poder del Estado y la Procuraduría de la Mujer aplaudieron el trabajo que las y los jueces de Familia han realizado desde la entrada en vigencia del estatuto.

El juez Cuarto de Distrito de Familia, José Ramón Barberena Ramírez, expuso a los diputados el Libro Sexto del Código de Familia.

El juez Cuarto de Distrito de Familia, José Ramón Barberena Ramírez, compareció ante los diputados de las Comisiones de Familia y Gobernación del parlamento, para exponer acerca de los seis meses de aplicación del Código.

El judicial explicó que en este período al Tribunal han ingresado 4,085 causas y se han dictado 959 resoluciones, en las diez judicaturas designadas para aplicar la nueva norma.

Planteó que el primer reto del sistema de justicia de Familia es resolver el mayor número de causas en el menor tiempo posible, elevando en un 30 por ciento la cifra de 959 sentencias dictadas en seis meses, algo que es altamente factible por cuanto “con el tiempo vamos adquiriendo mayor experiencia”.

Asimismo, indicó que inicialmente la dificultad que las y los jueces enfrentaron fue la falta de dominio del estatuto por parte de los litigantes, quienes estuvieron presentando las demandas sin apego a los requisitos establecidos por el Código e invocando leyes derogadas.

Compartir responsabilidades
 

La Asamblea Nacional y la Procuraduría de la Mujer destacaron la inversión en infraestructura y capacitación al recurso humano realizada por el Poder Judicial en materia de Familia.

Ante el señalamiento, el diputado López sostuvo que “para el Estado es imposible capacitar a todos los profesionales del Derecho”, razón por la cual “todos tenemos que trabajar en responsabilidades compartidas”, entre ellas, formar a los litigantes.

En ese sentido, dijo que las universidades públicas y privadas,  Facultades de Sociología, Sicología, Trabajo Social y las de Derecho en particular, tienen el reto de incluir en su currícula el contenido del Derecho de Familia.

El legislador valoró como positivo el hecho de que el Poder Judicial está administrando “con eficiencia ese cuatro por ciento del presupuesto” que se le asigna, por cuanto lo ha volcado en la provisión de recursos para crear la infraestructura del sistema de justicia de Familia.

Agregó que las cifras brindadas por el juez Barberena Ramírez  “muestran el compromiso del Estado de Nicaragua de priorizar a la familia, ya que nunca en la historia se habían creado tantos juzgados en tan solo seis meses después de haber entrado en vigencia una ley”.

Agregó que paralelo a la habilitación de los diez Juzgados Especializados, el Poder Judicial ha reforzado y capacitado personal de apoyo y equipos técnicos interdisciplinarios, así como a operadores del sistema de justicia y otras instituciones mediante cursos de especialización.
 

La Procuradura de la Mujer, Dra. Débora Grandison, felicitó a las y los jueces de Familia por el trabajo que han realizado.

La procuradora de la Mujer, doctora Débora Grandison, reconoció “la calidad de las y los jueces de Familia por cuanto el trabajo que han venido haciendo ha sido muy gratificante”, tras lo cual indicó que “tenemos los juzgados más modernos; las familias tienen condiciones para ventilar sus asuntos y estamos en el proceso de lograr más mejoras, porque se puede”.

Señaló que actualmente hay diez Juzgados de Familia con jueces y juezas con altos niveles de sensibilidad y que aplican la perspectiva de género privilegiando el interés superior de las y los hijos.

Grandison destacó que la voluntad política del Estado de restituir los derechos de la mujer y la niñez el Estado se muestra cuando instruye a instituciones como el Seguro Social que facilite  información al Ministerio Público de forma expedita, para ubicar a todo aquel padre omisor y haga cumplir la obligación de dar alimentos en los juicios por violencia económica.

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