La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ileana Pérez (blazer beige), junto a los formadores en materia procesal civil, funcionarios administrativos y presidentes de tribunales de apelaciones del país.

Durante un encuentro con directores administrativos y magistrados presidentes de tribunales de apelaciones a nivel nacional, informó que el objetivo del postgrado es formar y especializar a los encargados de aplicar la ley de forma directa, atendiendo la capacidad y fortaleza administrativa y económica con que cuenta el Poder Judicial en estos momentos.

La magistrada Pérez López, presidenta de la Sala Civil del Supremo Tribunal, expresó que el postgrado estará bajo la supervisión y ejecución del Instituto de Altos Estudios Judiciales y “en permanente coordinación, dirección y control de la comisión técnica de implementación, capacitación y seguimiento conformada por once especialistas, incluyendo a los miembros de la Comisión Redactora.

“Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 902, Código Procesal Civil de Nicaragua en el mes de octubre de este año, la Corte Suprema de Justicia culminará la transformación normativa de las materias procesales más sensibles, haciendo que la justicia sea más accesible, ágil, transparente y humana”, expresó.

La magistrada Ileana Pérez López entrega el manual del discente y el nuevo Código Procesal Civil al rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales, Lic. Joaquín Talavera.

El pasado 11 y 12 de marzo de este año finalizó la capacitación denominada formación de formadores en materia procesal civil, especialización en la que se logró capacitar a casi 100 formadores, entre ellos magistrados, jueces, secretarios, defensores públicos y asesores, quienes serán los encargados de desarrollar la réplica a nivel nacional en calidad de docentes facilitadores.

“Sean conscientes que el éxito en este proceso de capacitación no sólo descansa en la calidad y profundidad de las clases que van a impartirse, sino también en la garantía de organización y apoyo logístico que tiene y debe brindarse para su mejor desarrollo y ejecución, así como en la disposición del discente”, externó.

La magistrada Pérez López agregó que el retardo en la tramitación de los asuntos judiciales y la mora judicial en la materia civil, poco a poco serán superados hasta quedar reducido a su mínima expresión con la entrada en vigencia de la normativa”.

Para finalizar el encuentro destacó que
“Lograr esa reducción solo será posible gracias a la aplicación de un modelo procesal que favorece la tramitación y resolución de los asuntos mediante la programación y celebración de audiencias, lo que a su vez democratiza y facilita el control del pueblo y para el pueblo del proceso de la administración de justicia”, finalizó la magistrada Pérez López.