(De Izq. a Der.) el Dr. Rigoberto Hurtado, de la unidad de análisis de la DGDJ, la Ingeniera Ángela Fernández, Responsable del Equipo de Análisis; la magistrada Ileana Pérez López y el Dr. Guillermo Ramírez de la DGDJ.

La doctora Pérez López, presidenta de la Sala de lo Civil del Poder Judicial, en reunión sostenida con personal de la Dirección de Gestión de Despachos Judiciales de la CSJ, solicitó un análisis de los 37,153 asuntos en trámite a nivel nacional de la materia civil –en primera y segunda instancia y en casación--, que suman un total de 278 juzgados civiles.

La magistrada señaló que “esa información es necesaria para saber cuántos de esos asuntos aplican a la caducidad y cuántos casos en realidad quedan pendientes de continuar en el proceso escrito”.

“Esa información determinará la carga real de casos escritos de todas las Circunscripciones judiciales del país en materia civil”, enfatizó la alta funcionaria judicial.

Producto del análisis del total de los asuntos en trámites pendientes haremos otras revisiones para saber cuántos de esos casos son de jurisdicción voluntaria y cuántos de jurisdicción contenciosa, para valorar los tiempos en que los jueces tendrán que resolver toda la carga existente”, planteó la magistrada del Supremo Tribunal.

(De izq. a der.) El Dr. Rigoberto Hurtado, Ing. Ángela Fernández, Responsable del equipo de la DGDJ; la magistrada, Dra. Ileana Pérez López; el Dr. Guillermo Ramírez de la DGDJ y el Lic. Berman Martínez, Secretario General Administrativo del Poder Judicial.

“Esa información nos permitirá saber cuántos jueces suplentes deberán ser asignados para darle seguimiento al proceso escrito, así como determinar cuántos juzgados a nivel nacional atenderán el proceso escrito y el proceso oral al mismo tiempo”, expresó la doctora Pérez López.

Al tener todos esos datos presentaremos al Conejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), una propuesta para que determinen los jueces suplentes requeridos y en qué juzgados, con el objetivo de reducir esa mora judicial del proceso escrito en materia civil, manifestó la presidenta de la Sala de lo Civil.

“Desde ya estamos buscando como disminuir esa carga laboral antes de que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Civil que trae consigo la oralidad y democratizará la justicia en Nicaragua gracias al modelo procesal que se ha adoptado,”, dijo la magistrada.

“La Ley 902, Código Procesal Civil, permitirá forjar entre las y los nicaragüenses una nueva cultura jurídica en el orden civil, que se caracterizará por su mayor accesibilidad, transparencia y celeridad en las respuestas judiciales ante los diferendos planteados por los particulares”, finalizó la doctora Ileana Pérez López, presidente de la Sala de lo Civil.