“Perseguimos una justicia menos burocrática que garantice un mayor contacto del juez con las partes como sucede con el proceso penal oral, puesto en vigencia con mucho éxito. A ese fin introducimos en materia civil y de familia la oralidad como una política estratégica y por eso estamos impulsando una reforma total del Código Procesal Civil”, agrega la magistrada.

La nueva Ley Procesal Civil pretende cambiar el actual modelo de tramitación por escrito en un sistema oral y público, que permita a los ciudadanos que demanden justicia civil tener un acercamiento con el juez y terminar con los procesos lentos, onerosos desiguales e ineficientes.

Con el apoyo de la cooperación española, la Corte Suprema de Justicia ha anunciado el inicio de una gran consulta sobre la nueva ley, que arrancará el próximo primero de octubre con un seminario al que asistirá la corte en pleno, sus asesores, abogados destacados, invitados internacionales y expertos de las universidades, para discutir a fondo el contenido normativo del anteproyecto de la nueva Ley Procesal Civil.

Estudios comparados

Ese día la corte plena conocerá el resultado del trabajo de la comisión técnica, coordinada por la doctora Ligia Molina Argüello e integrada, entre otros, por los jueces y magistrados Luz Adilia Cáceres, Perla Margarita Arróliga, María Amanda Castellón Tiffer, Belda Cárcamo y Roberto Borge Tapia, quienes además contaron con el apoyo de los expertos españoles Juan Miguel Carreras e Isabel González Cano.

La comisión redactora del proyecto se concentró en el estudio comparado de la doctrina, la legislación procesal civil moderna y la consulta de amplios estudios realizados antes y después de las reformas efectuadas en el entorno iberoamericano, principalmente el Código Procesal Civil.

Durante el estudio, “observamos que las deficiencias actuales obedecen en un alto porcentaje a normas procesales inspiradas en ideologías de más de cien años, caracterizadas por su arraigo a la escritura y los formalismos innecesarios, autoritarios y patriarcales, en la necesidad de apegarse al expediente como si este fuera un fin en sí mismo, por encima de la persona o la verdadera solución del conflicto”, señala la doctora Molina.

“Con la reforma procesal civil que impulsamos se pretende cambiar radicalmente la concepción de un juez ajeno al conflicto, poco o nada comprometido, que utiliza un procedimiento incomprensible para los involucrados en el conflicto social. Aspiramos a alcanzar un sistema procesal confiable, comprensible, eficiente y eficaz, que lleve al juez a ser un protagonista en la búsqueda de la paz social, en la solución del conflicto”, apunta finalmente la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.