El lenguaje claro, ordenado, preciso y explícito con que se redactan las sentencias, debe ser incorporado al quehacer diario de profesionales, instituciones y periodistas, dice el Protocolo.

Esta premisa está contenida en el Protocolo para la estructura y redacción de sentencias y otras recomendaciones sobre lenguaje y comprensión de las actuaciones judiciales, emitido durante la XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Quito, república del Ecuador.

La Cumbre Judicial reconoció que “el lenguaje jurídico es difícil de entender por sus connotaciones técnicas”, y planteó que las personas tienen derecho a entender las resoluciones judiciales, por eso, la creatividad del juez debe estar presente en los escritos jurídicos redactados.

En el encuentro internacional en el que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, representó a Nicaragua, los participantes aprobaron 24 instrumentos en total que fortalecen los sistemas de administración de justicia de 22 países de la región.

“Protocolo para la dirección de actuaciones judiciales orales”; “Perfil del juez y modelo de formación”; “Protocolo Iberoamericano de justicia en audiencia y guía de buenas prácticas”; son también instrumentos aprobados durante la Cumbre Judicial que concluyó el pasado 20 de Abril.

El “Protocolo para la dirección de actuaciones judiciales orales” también fue aprobado por la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Estandarizar redacción
El Protocolo que aborda específicamente la estructura y redacción de sentencias civiles y penales, sostiene que una justicia moderna es una justicia que las personas son capaces de comprender y advierte que a los abogados, las personas no les entienden y si lo hacen es con dificultad, porque su lenguaje es “críptico u oscuro”.

El propósito del protocolo es poner a disposición un instrumento que permita la estandarización de la redacción de las sentencias, que mejore su motivación y redacción, con lenguaje comprensible para cualquier persona.

El documento contiene recomendaciones sobre el lenguaje oral y escrito en las actuaciones judiciales, dirigidas a los profesionales del Derecho, las instituciones y los medios de comunicación, y les  emplaza a incorporarlas en su quehacer diario.

Entre dichas recomendaciones precisa que las exposiciones se realicen con léxico apropiado y lo más conciso posible; separando la narración de los hechos de la valoración jurídica; exponiendo los argumentos orales y escritos en lenguaje claro, ordenado, preciso y explícito.

Además, indica que sus escritos no deben ser extensos y tener unidad temática. “La sucesión de estos debe tener un hilo lógico y usar correctamente los signos de puntuación, indispensable”, señala.

Respecto a las instituciones, consigna que deben garantizar el derecho a la comprensión y en consecuencia hay que hablar claramente, y desde la universidad hacer planes de estudio sobre el buen uso del lenguaje jurídico para enseñar a hablar y elaborar escritos claros, así como ofertar de forma obligatoria cursos para mejorar el uso del lenguaje jurídico.

A los profesionales de la comunicación, dice que deben adaptar el lenguaje jurídico al periodístico, es decir, traducir y explicar el Derecho, además de ser cautelosos en el uso de términos jurídicos que puedan desvirtuar la realidad procesal, por lo que se recomienda promover formación especializada de los periodistas para el buen uso del lenguaje y cumplir su labor de intermediación entre el sector justicia y las personas.