En opinión del doctor Gustavo Antonio López Arguello, es “un proyecto de mucho contenido beneficioso para el sistema judicial, en este taller lo he conocido, estudiado y comentado y tiene muchas cosas novedosas; en la medida que las innovaciones legislativas que apruebe la Asamblea Nacional se traduzcan en una mejoría para el funcionamiento del poder judicial el código será muy beneficioso para la ciudadanía”.

“Excelente decisión”
Argüello destacó el cambio hacia la  oralidad como un beneficio para la ciudadanía. “Es un hecho notorio que miles de procesos están pendientes de tramitación en el sistema judicial y que hay diferentes razones y cuellos de botella que impiden que esos procesos avancen, de manera que es una necesidad imperiosa hacer un cambio y pasar del sistema escrito a la oralidad”, dijo López Arguello.

El doctor Gerardo Hernández catedrático de la Universidad Católica (UNICA) calificó de “magnífica” la decisión del Poder Judicial de impulsar un nuevo código. “En honor a la verdad este proyecto es bueno, es indispensable para Nicaragua contar con un instrumento procesal moderno, esta iniciativa de la Corte es una gran contribución para el desarrollo y la estabilidad del país”, manifestó el docente.

“Es verdaderamente urgente cambiar el código, los abogados y la ciudadanía sabemos que el procedimiento civil está colapsado, es una realidad triste pero nadie quiere ir a los juzgados porque la gente sabe que cuando van a los juzgados civiles muy probablemente su pretensión no será satisfecha; aunque gane el juicio no tendrá una verdadera satisfacción”, agregó.

Hernández instó a la  comisión a que sea más atrevida y apueste a un cambio radical, pese a las resistencias naturales que van a existir tanto de los jueces como de los  mismos abogados. “Pero hay que hacer un cambio, esta es una oportunidad que no se presentará posiblemente hasta dentro de cien años y no tiene sentido que a un esfuerzo tan grande se le esté poniendo “parchecitos”; felicito a la comisión porque está haciendo un gran trabajo”, manifestó.

 

En opinión del destacado civilista doctor Guy Bendaña Guerrero, “es urgente mejorar la administración de justicia, tener la posibilidad de que los juicios sean más rápidos, que sean más transparentes, que se defienda el derecho de los ciudadanos a tener una justicia pronta y cumplida”.

El principal problema a combatir es la retardación de justicia, ya que “los juicios toman demasiado tiempo, la idea es cambiar este sistema; el gran problema que hay en la administración de justicia es la lentitud en la atención de las causas judiciales, por eso esta reforma es importante”, señaló Bendaña.

El jurista consideró que las asociaciones de abogados deben hacer un esfuerzo por participar en esta consulta “de manera amplia, donde se hagan todas las observaciones, si hay trece mil abogados en Nicaragua, que todos presenten sus propuestas”, apuntó.

El presidente de la Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua, doctor Álvaro Ramírez González, consideró la iniciativa “un paso muy importante para consolidar la administración de justicia en Nicaragua; este proyecto se inscribe dentro de una reforma judicial que se viene desarrollando en los últimos años en nuestro país, comenzó con la Ley Orgánica del Poder Judicial, siguió con el código de procedimiento penal y ahora continúa con el código procesal civil”.

Justicia rápida
El objetivo de esta reforma “es hacer una administración de justicia más rápida, donde se cumpla con transparencia el debido proceso y se respeten las garantías constitucionales, ya que con las leyes antiguas del procedimiento civil actual no se puede garantizar a todos los nicaragüenses el derecho a tener una justicia rápida y cumplida”, agregó el jurista.

Por su parte, la doctora Sonia Ponce de León destacó el objetivo del nuevo código de hacer desaparecer “la secretividad en los procesos y que todo sea público, oral, contradictorio, que ante el juez aparezca el demandado y el demandante, el perito de un lado y el perito del otro, el testigo de una parte y el testigo de la otra parte; que ahí se hagan todas las argumentaciones y que el público se de cuenta de qué se trata en cada juicio, cuáles son los argumentos reales que plantean las partes, cuál es la decisión del juez y que esta decisión sea inmediata, acelerando los plazos”.

“Con el procedimiento actual hay casos que llevan de cuatro hasta ocho años para tener una sentencia definitiva en la Corte Suprema de Justicia, mientras el juicio oral y público que se establece en el anteproyecto que estamos debatiendo debe terminar a los ocho meses, o sea que es una economía de tiempo inmensa y economizar tiempo es economizar recursos económicos para el país”, afirmó la destacada jurista.