Por casi dos años, A.B.R. estuvo chantajeando a la madre de su hijo para que se lo entregara de forma definitiva a cambio de verlo cuando él se lo permitiera

Esta realidad fue la que vivió  al infante de dos años, hasta que el 13 de noviembre la jueza Tercero Local de Familia, doctora Marlene de Fátima Zamora Zepeda, validó los acuerdos que la pareja suscribió para que sea la madre y no el padre quien ostente su cuido y crianza.

Casi dos años transcurrieron antes que el niño volviera a los brazos de su madre, luego que su padre lo retuviera a su lado y solo permitiera que por ratos la abuela materna se  acercara  a él, anulando por completo a la progenitora. Por eso y para que no olvidara el rostro de la mamá, la abuelita materna le mostraba la foto al bebé.

En la audiencia programada para el 13 de noviembre, A.B.R. (padre del niño), estuvo a punto de ser conducido a prisión por llegar nuevamente a la vista sin representación legal, pese a que había sido advertido que debía presentarse con su abogado.

En el expediente judicial figuran once fotografías en las que A.B.R. aparece ingiriendo licor con su hijo sentado en sus piernas

A lo largo del proceso A.B.R. estuvo desafiando la autoridad judicial porque pese a haberse comprometido a hacerlo anteriormente, no permitía que el niño se relacionara con su madre; ingería licor en su presencia y agredía y acosaba constantemente a la joven y su nueva pareja.

“Todas las pruebas que rolan en autos demuestran que el niño no es respetado ni protegido por la familia paterna, se observan once fotografías donde el padre se encuentra tomando licor en compañía de varios amigos teniendo en las piernas a su hijo quien está observando, escuchando y absorbiendo todo lo que en esas mesas de trago se hace y se dice, lo cual trae como consecuencia que el niño lo tome como conducta común”, valoró la judicial, convencida de que estando con el padre el menor “está expuesto al peligro”.

Familia nociva
La jueza Zamora Zepeda hizo ver al joven que si persistía en comportarse de esa manera y permitía que su familia siguiera alcahueteando su comportamiento y agrediendo a la madre de su hijo, revocaría los acuerdos y lo enviaría a la cárcel, con el agravante de que su expareja podía accionar legalmente para suspenderle la autoridad parental sobre el menor.

La valoración sicológica efectuada por Luz Haydée Herrera Vásquez al padre del infante,  resume indicadores que analizados integralmente describen a A.B.R. como una persona inmadura e inestable emocionalmente; con patrones de conducta agresiva y dominante, sumado a un pensamiento tradicionalista y patriarcal acerca del rol masculino y femenino, más “conductas adictivas en desarrollo”.

En el caso de la mamá del niño, la psicóloga diagnosticó igualmente un nivel de inmadurez esperable respecto a su edad, junto a un inicio temprano de la vida marital y una “actuación guiada por impulsos”.

Aunque había decidido enviarlo a prisión por desacato, ante el oficial de policía la jueza Marlene Zamora Zepeda reconsideró valorar el compromiso de A.B.R. de corregir el rosario de abusos que venía cometiendo contra su hijo y su expareja.

La experta concluyó en que el deficiente desempeño parental de la pareja vino dado por el inicio temprano de las relaciones maritales sin estar preparada para asumirlas; la falta de prevención de un embarazo adolescente y el inadecuado control de sus padres sobre ellos.

Pese a todo, la psicóloga determinó que en la entrevista, “ambos padres han dado muestras de amar a su hijo y desear lo mejor para él, aunque no saben cómo enfrentar su paternidad y maternidad (ya que) sus modelos parentales también han sido deficientes. Ambos padres deben comprender que el niño los necesita para alcanzar su sano desarrollo psico evolutivo”.

La jueza Zamora Zepeda concluyó la audiencia citando para la lectura de la sentencia que será redactada sobre la base de los acuerdos suscritos entre el padre y la madre. Entre otras cosas, los acuerdos garantizan que desde ese día hasta que el hijo de ambos curse estudios provechosos universitarios con titulación, el padre debe aportar el 25 por ciento de su salario en concepto de pensión de alimentos y compartir en un 50 por ciento los gastos de educación, salud y recreación.