Para el doctor Vega, los datos que la doctora Ligia Molina Argüello proporcionó en su ponencia magistral muestran la necesidad de mejorar la legislación civil pero sobre todo de “volver los ojos a la creación de más juzgados civiles”.

Revertir la relación
Aseguró que según datos nacionales, el 60 por ciento de los juzgados del país son de la materia penal y sólo el 40 por ciento tramita la materia civil, lo que no es congruente con la carga de trabajo que estos últimos reciben por cuanto la cantidad de causas es superior a la de los primeros.

Con relación a los juicios de familia, sugirió que se atienda con urgencia el tema de las reposiciones de partidas de nacimiento, porque las estadísticas nacionales indican que el 34 por ciento de la población demanda este servicio y por ende no posee cédula de identidad, razón por la cual este segmento poblacional no puede ejercer sus derechos ciudadanos.

“La nueva legislación tendría que examinar el tema de las uniones de hecho, por cuanto los registros municipales señalan que el 70 por ciento de los niños que se inscriben son hijos de relaciones contraídas bajo esta modalidad, lo que indica que la institución del matrimonio cayó en desuso y por ende, hay que regular las uniones de hecho”, manifestó el doctor Vega.

La doctora Xiomara Paguaga de Balladares, docente de la UNAN León, valoró como formidable la iniciativa de un nuevo código procesal civil, porque por años los expertos civilistas han insistido en la urgencia de instaurar la oralidad e inmediatez de los juicios civiles para garantizar una justicia más eficiente.

“Hemos planteado la necesidad de quitar el rigor o encasillamiento en el recursos de casación y la eliminación de la inhibitoria, pero lo que más me atrae son las garantías procesales porque si bien es un precepto constitucional es necesario remarcarlas en el propio código”, manifestó la docente.
Nacionalizar el Pr.

El asesor jurídico del Ejército de Nicaragua, doctor Noel Portocarrero Argüello, consideró que el reto ahora que se ha redactado el anteproyecto es “plasmar la concepción de justicia que tiene el nicaragüense que vive en Subtiava (León), en el barrio de Old Bank (Bluefields) y el miskito que habita en Waspán (Atlántico Norte), porque ello permitirá ser más justos y equitativos”.

Portocarrero Argüello participó en la primera etapa de acopio de aportes para la redacción del anteproyecto y de esa fase destacó el hecho de haber involucrado a experimentados juristas litigantes que presentaron aportes puntuales y serios, lo que coadyuvó a “subsanar las leguleyadas que suelen hacerse en los procesos judiciales”.

A su juicio el nuevo código disminuirá los plazos de tramitación y resolución de casos, porque tal como se procesan ahora son desgastantes y costosos. Además, una vez que el modelo de gestión de despachos judiciales esté afianzado y se combine con el nuevo código se impedirán “los amarres de antes con el juez”.

El asesor jurídico militar sugirió divulgar masivamente el anteproyecto “desde Río San Juan hasta Chinandega y desde Jinotega hasta Puerto Cabezas”, para recoger los aportes de abogados y operadores de justicia en general. Asimismo, que se gestione con la cooperación internacional la organización de cursos sobre expresión oral y redacción judicial para después reproducirlos en el resto del país “porque hablamos mal y escribimos peor”.

La doctora Auxiliadora Meza, catedrática de la Facultad de Derecho de la UCA, indicó que es tan necesaria la oralidad como la instalación de los juzgados de familia, porque la mora judicial que existe tiende a incrementarse con el tiempo y el derecho de acceso a la justicia del usuario se va haciendo inalcanzable.

“Hay que publicitar más el anteproyecto y considero viable la experiencia de Costa Rica con relación a los pensionados judiciales (ex funcionarios ejecutores de embargos), porque así, mediante una ley especial habría más tiempo para que los jueces se dediquen únicamente a la administración de justicia”, manifestó la experta.