La modificación a la Ley de Notariado, “permite al país ponerse a tono con los compromisos internacionales, brindando mayor fortaleza al sistema de prevención de lavado de dinero y a las instituciones de Nicaragua en la lucha contra ese ilícito”, agregó.

 

Con la aprobación de las reformas a esa norma, “podemos seguir con los niveles de efectividad alcanzados en la región, que nos dio el reconocimiento internacional como el muro de contención contra el crimen organizado”, recordó el delegado técnico del Poder Judicial ante la Comisión Nacional Anti Lavado de Activos.

 

El juez Arias Roque aseguró que el Estado de Nicaragua es responsable en la lucha contra el crimen organizado, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Por ello, desde el 2007 ha trabajado en la conformación de una estructura jurídica para enfrentar todas las amenazas que representan estos tipos de delitos.

 

“El Estado nicaragüense tiene una serie de compromisos que asumió con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), a eso obedecen las reformas aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, que dan cumplimiento a las 40 recomendaciones  fundamentales de ese organismo en la lucha contra el lavado de activos, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo el juez.

 

17 de los 20 países integrantes del GAFILAT han incorporado a sus abogados y notarios públicos como sujetos obligados. Es decir, que la reforma no es un tema exclusivo y nuevo para Nicaragua, ya que desde el año 2017 se incorporó como sujetos obligados a  los corredores de bienes y raíces, vendedores de autos usados, comerciantes de metales preciosos y  contadores públicos, bajo la regulación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), explicó el doctor Arias Roque.

 

“Los contadores públicos, al igual que los abogados y notarios, dan fe que los actos realizados ante ellos están revestidos de certeza y verdad jurídica, por eso es importante fortalecer la lucha contra el crimen organizado, ya que cierraalgún resquicio por donde se pueda filtrar cualquier actividad que legitime el lavado de activos”, aseguró el judicial.

 

Por ello, la Corte Suprema de Justicia proveerá a los abogados las capacidades necesarias para que detecten las señales de aquellas actividades inusuales y “será esta institución, con la información brindada por los profesionales del Derecho, la que elaborará el reporte de operación sospechosa que será remitida a la UAF y no el abogado”, explica el doctor Arias Roque.