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Presidenta CSJ anuncia creación de la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención

lunes 11 de noviembre de 2019


Escrito por Marlon Jose Ocampo Espinoza

* En cumplimiento de las reformas a la Ley 976, creadora de la Unidad de Análisis Financiero, y la Ley 977, contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, anunció este 8 de noviembre, la creación de la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención (DCIP), en cumplimiento de las reformas a la Ley 976, creadora de la Unidad de Análisis Financiero, y la Ley 977, contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

La Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la CSJ, clausuró el Curso de Actualización “El abogado y notario público como sujeto obligado en materia de prevención del Lavado de activos”.

“La Dirección Centralizadora debe ser un enlace natural entre nuestra institución y los abogados y notarios, no con el ánimo de ser rigoroso e implacable regulador y supervisor, sino por el contrario, debe procurar que esa relación se produzca de forma armónica y con sentido de colaboración, en especial con aquellos que no cuentan con los recursos tecnológicos o destrezas para efectuar los informes”, explicó la presidenta de la CSJ.

La doctora Ramos Vanegas clausuró el Curso de Actualización “El abogado y notario público como sujeto obligado en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, dirigido a magistrados, jueces, asesores, defensores públicos y mediadores, entre otros funcionarios del Poder Judicial.

“Este seminario es parte de todo un proceso para poner en marcha la reforma a las leyes 976 y 977. Los formadores van a reproducir este taller en las nueve circunscripciones del Poder Judicial”, informó la doctora Ramos Vanegas.

Junto a la presidenta de la CSJ, Presidieron la actividad el Dr. José Dolores Reyes, asesor legal de la UAF; Lic. Joaquín Talavera, Rector del IAEJ y el Dr. Julio César Arias Roque, coordinador de la DCIP.

Recordó que “desde el año 1996 Nicaragua suscribió el acta de entendimiento entre los gobiernos miembros del grupo de Acción Financiera Internacional y del Caribe (GAFIC), actualmente el GAFILAT, comprometiéndose al cumplimiento de sus recomendaciones. Dichos compromiso han exigido desde un primer momento, la conformación de un sistema de coordinación interinstitucional, del cual es parte el Poder Judicial”.

Materia pendiente
“Por circunstancias político-sociales propias de la dinámica de nuestro país, desde hace varios años teníamos pendiente la inclusión de algunos actores importantes en la labor de prevención y reporte de operaciones inusuales como sujetos obligados, tal es el caso de los abogados y notarios públicos”, indicó la funcionaria.

Los notarios “tienen un compromiso con el país, de reportar a la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte (DCIP), porque es una responsabilidad como fedatarios públicos”, dijo la presidenta de la CSJ.   

La Corte Suprema de Justicia creó la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención (DCIP) y tres normativas para el funcionamiento de esta instancia; los modelos de reportes con sus respectivos instructivos, la nómina de señales de alerta; el manual de organización y funcionamiento y otros instrumentos propios de su quehacer.

El Curso de Actualización fue dirigido a magistrados, jueces, asesores, defensores públicos, mediadores, entre otros funcionarios del Poder Judicial.

Esa instancia, destacó la presidenta de la CSJ, fue creada “con la finalidad de que el Poder Judicial cuente con una dependencia que sea un órgano especializado, con pleno dominio respecto de las recomendaciones, estándares y demás instrumentos que emite el GAFILAT”.

Los funcionarios replicarán los conocimientos sobre esta materia a los 30,720 abogados y notarios actualmente registrados ante la Corte, de los cuales 17,642 están autorizados para cartular y son los que deberán presentar informes a la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención (DCIP).

Todas las instituciones involucradas “en las tareas de persecución e investigación de las actividades delictivas del narcotráfico, así como su posterior enjuiciamiento y condena, hemos obtenido resultados muy efectivos, con muy pocos recursos, si nos comparamos con el presupuesto que se le asigna a las instituciones homólogas de la región. Este esfuerzo le ha valido a Nicaragua el reconocimiento internacional, por la eficacia de la estrategia del muro de contención a las actividades del crimen organizado”, subrayó.

La doctora Ramos finalizó explicando que se está desarrollando un sistema informático para crear canales de comunicación seguros, de fácil acceso para los usuarios desde cualquier parte del país, como una las medidas de modernización adoptadas por el Poder Judicial.

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