La jueza Primero de Distrito de Familia María José Arauz, con el doctor Jorge Cardona Llorens, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia.

El evento internacional se realizó para hacer un análisis del comportamiento de los Estados Parte, a 30 años de la convención internacional, esta vez con enfoque en las caravanas migratorias provenientes del triángulo del norte centroamericano, en las que viajan niños que abandonan su país de origen sin el acompañamiento de sus padres o tutores, por lo cual, prácticamente, se les ha criminalizado.

Llamó la atención que en 2016 el flujo migratorio detectado en México fue de 40 mil personas y de enero a junio de 2019, es de 32,507, explica la jueza Primero de Distrito de Familia de Managua, doctora María José Arauz Henríquez, invitada por UNICEF para participar en el curso impartido en dos etapas (presencial y a distancia).

Agregó que Karla Gallo, de UNICEF de México, y Diego Lorente, de la oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, dijeron que de este flujo migratorio el 50 por ciento es proveniente de Honduras; el 30 por ciento de Guatemala; el 11 por ciento de El Salvador, y el 8 por ciento restante de otros países como Cuba, Nigeria, Suramérica y en menor medida, Nicaragua.

Con la jueza María José Arauz, la directora de Conciliación del MIFAN Denise Guevara (izq.), Rosa Estrada y Eli Paucara, directora de la Niñez, Adolescencia y Familia, de Honduras y representante de Bolivia, respectivamente.

El curso analizó que aunque la migración es un fenómeno social vigente, no tiene el tratamiento debido en el mundo. En Europa los migrantes mueren ahogados, ya sea por naves que naufragan, porque se asfixian dentro de vehículos en que son transportados y cuando los migrantes son llevados a los centros de refugio permanecen hacinados y los padres son separados de sus hijos, sin contar con que los tramites y tiempos en las oficinas de Migración son demasiados lentos.

Vulnerabilidad
Las consecuencias de las sanciones migratorias y del tratamiento procesal que se le da a la situación migratoria en diferentes países, fueron temas ampliamente abordados, por cuanto  muchas veces afectan los derechos de niños y niñas que son separados de sus padres y enviados a albergues sin ningún tipo de garantías procesales, sin abogado ni posibilidad de mantener comunicación fluida con sus progenitores, porque estos han sido enviados a prisión.

“Y aunque el albergue sea un centro de protección, el lugar los convierte (a los niños, niñas y adolescentes) en personas privadas de libertad y de sus derechos”, planteó la judicial, al indicar que durante el encuentro los participante estudiaron las observaciones del Comité de los derechos del niño, instancia que las formula a partir de la ejecución o aplicación de la Convención.

En el evento se instó a los Estados Partes a trabajar por un mayor compromiso en hacer una valoración especifica y aprender a interpretar la situación de los niños, que son doblemente vulnerables por ser niños; más aún por estar fuera de su país y no estar acompañados de los padres, planteó la jueza Arauz Henríquez.

Participantes del curso que abordó la protección de la niñez en el contexto de movilidad humana, en el que se analizó la discriminación de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados.

En tales condiciones, agregó, no hay trato igualitario (para los menores de edad), no son sujetos de derecho a la hora de afrontar procedimientos administrativos o judiciales, tal como establece la letra de la Convención y por tanto no hay una efectiva escucha y participación de los niños.

Esto ocurre pese a que casi todos los Estados han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, y a factores tales como que la inversión pública es insuficiente, existe  discriminación y el estatus migratorio se ha criminalización y no debería ser.

El Comité hizo un llamado de atención para que los niños inmersos en estos procesos de migración gocen de un tratamiento especial, particularmente nombrándoseles un abogado, que los Estados adecúen las instalaciones para realizar la escucha de los niños y dispongan un personal experto en abordarlos.

Entre las observaciones emitidas por dicho Comité figuran la aplicación de medidas por parte de los Estados Parte, a fin de evitar la migración y garantizar un trato humano a favor de los niños.